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SUSCRIBITE Los diputados Sergio Palazzo, Carlos Heller y Marcelo Casaretto, autoridades de la Comisión de Presupuesto. Foto: La Nación
El oficialismo de la Cámara de Diputados sorprendió este jueves en la mañana en la Comisión de Presupuesto al incluir en el proyecto de presupuesto 2023 un artículo que obliga a todos los magistrados, empleados y funcionarios del Poder Judicial a pagar el impuesto a las ganancias (independientemente de su fecha de nombramiento), tributo del que muchos están exentos. La modificación, de aprobarse, afectaría además a los jubilados del Poder Judicial.
La propuesta corrió por cuenta del diputado Marcelo Casaretto y tuvo el apoyo del resto de sus colegas, incluso de la oposición de Juntos por el Cambio. El legislador enfatizó que, según se establece en el mensaje del presupuesto que envió el ministro Sergio Massa al Congreso, el Estado se privará de recaudar unos 237 mil millones de pesos el año próximo en el impuesto a las ganancias por las exenciones que tiene el Poder Judicial.
“Este año, el Estado dejará de recaudar 129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”, enfatizó el diputado entrerriano, quien señaló que en la actualidad solo pagan el impuesto a las ganancias aquellos funcionarios del Poder Judicial que asumieron a partir de 2017, y “solo por una parte de sus remuneraciones”.
“Lo que nosotros planteamos, con tantas necesidades que tiene la Argentina, es que quienes tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial. Es un privilegio inaceptable a esta altura del partido. Debemos eliminarlo; es un tema de estricta justicia y esperamos que la oposición nos acompañe”, arengó Casaretto.
La propuesta del oficialismo recogió el apoyo de todas las bancadas, también de Juntos por el Cambio. De todas maneras, en la oposición cunde cierto escepticismo sobre la aplicabilidad de la medida -si finalmente es aprobada- debido a las acordadas en contrario que ya dictó la Corte Suprema.
El oficialismo da a conocer esta idea en un momento de suma tensión entre el Gobierno y la Justicia. El Poder Ejecutivo no tiene diálogo con la Corte, a la que acusa de ser responsable de una “persecución” judicial contra Cristina Kirchner. El último -y único- encuentro entre los jueces del máximo tribunal y el ministro de Justicia, Martín Soria, fue en diciembre del año pasado. Se trató de una reunión muy tensa a la que el ministro llegó con una larga lista de reclamos por escrito para los magistrados; les dijo que especulaban con sus causas y que jugaban políticamente. Los jueces no le contestaron.
Antes y después de esa reunión, el oficialismo impulsó distintos proyectos de reforma judicial, incluido uno para ampliar la Corte, pero hasta ahora ninguno prosperó.
Fuente: La Nación