Tras el conflicto con La Rioja, la Cámara Minera se aferra a la Seguridad Jurídica para proteger la actividad

La entidad empresaria expresó su preocupación por la reciente normativa sancionada en La Rioja, en el marco de un conflicto por límites territoriales con San Juan. Reclamó previsibilidad institucional y pidió que se respete el marco legal vigente para garantizar inversiones.

 

Sabado, 20 de junio de 2026 a las 18:47

La Cámara Minera de San Juan difundió un comunicado en el que manifestó su “preocupación” frente a iniciativas que, según sostuvo, podrían cuestionar situaciones jurídicas e institucionales ya consolidadas. El pronunciamiento se conoció en medio de la polémica generada por la ley aprobada en La Rioja vinculada a un reclamo sobre una zona del norte del territorio sanjuanino.

En su mensaje, la entidad destacó que la provincia construyó durante décadas una reputación basada en la previsibilidad, el respeto institucional y la continuidad de políticas de Estado, factores que -según remarcó- resultan clave para atraer inversiones, generar empleo de calidad y consolidar a la minería como uno de los principales motores económicos.

Asimismo, la cámara subrayó que la actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica, especialmente para los proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo. En ese sentido, advirtió que la confianza en las instituciones y la vigencia de los marcos legales son condiciones esenciales para sostener decisiones de inversión a largo plazo.

Finalmente, el comunicado llamó a que prime la racionalidad y el diálogo institucional en el tratamiento de este tipo de conflictos, al tiempo que señaló que la minería podría convertirse en un gran complejo exportador para el país, generando empleo y divisas. La entidad consideró que se trata de una oportunidad histórica que no debería verse afectada por disputas políticas o territoriales.

En medio de la intensa polémica interprovincial, este viernes los legisladores de La Rioja aprobaron el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que busca quedarse con parte del territorio de San Juan, incluida la zona que ocupa el Parque Provincial Ischigualasto. La medida fue aprobada incluso después de que el propio gobernado, Marcelo Orrego, emitiera un duro comunicado a través de las redes sociales en el que aseguró: "No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro".