Desde sabotaje informático hasta cheques sin fondos, los números de las estafas en San Juan

Si bien los números se muestran como datos duros y fríos, son un reflejo de la realidad que afirman que desde la creación de la repartición judicial se radicaron 868 denuncias, lo que deja en evidencia la demanda social que existía para que se investiguen este tipo de delitos.

Es que en la práctica, las investigaciones por estafa no resultaban consideradas urgentes en la vieja Justicia, en un contexto en el que los juzgados de Instrucción se hallaban abarrotados de causas más graves como homicidios, abusos sexuales y robos. Por esa razón, una buena parte de los expedientes solía quedar sin resolución y las víctimas sin justicia.

Con la implementación del Sistema Acusatorio en pleno y la incorporación de fiscales abocados específicamente a los casos de defraudación, mediante la UFI Delitos Informáticos y Estafas, los sanjuaninos comenzaron a conocer el rostro de los embaucadores al igual que sus modus operandi destinados a engañar, algo que hasta el momento no había sucedido.

Cuando las denuncias por defraudaciones eran importantes y un gran número de personas resultaba perjudicado, los casos alcanzaban la luz de lo público. Sin embargo, otros menores surfeaban los despachos judiciales hasta encontrar una sentencia y los delincuentes gozaban de las sombras.

Aunque la mayor cantidad de denuncias que se hicieron fueron por estafa, en total se radicaron 762, trascendieron de qué otras formas los sanjuaninos cayeron en las trampas de los malvivientes no sólo de manera personal, sino también virtual.

En un segundo lugar, se registraron 16 casos por sabotaje informático vinculado a las maniobras -al estilo hacker- para obtener datos privados de los usuarios (phishing) y, así, hacer uso de los mismos causando daños económicos a las víctimas.

También hubo quienes denunciaron -sólo en dos oportunidades- el uso de cheques sin fondos, un delito previsto en el artículo 302 del Código Penal y que promueve una prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al que lo cometiere.

Por su parte, el acceso y la revelación de datos falsos en bancos de datos, al igual que el fraude comercial fueron denunciados una sola vez y sentaron precedente desde la creación de la UFI.

Tras la intervención judicial de los equipos de fiscales coordinados por Pablo Martín y Eduardo Gallastegui, se logró la detención de 13 sospechosos, se bloquearon 3.415 cuentas bancarias y se realizaron 37 allanamientos.

Pese a que la recepción de denuncias fue masiva, hasta el momento se registraron 9 condenas y 9 sobreseimientos. Además de esos 18 fallos, hubo 25 desestimaciones, dado que no se pudo constatar la comisión de un ilícito, y 85 declaraciones de incompetencia por la naturaleza de lo denunciado, que fue derivado hacia otras jurisdicciones.

También otros 86 expedientes fueron archivados por falta de pruebas, lo que no significa un cierre de las causas, sino un "mientras tanto" hasta que aparezcan otros elementos de valoración que sirvan a los investigadores.

Según informó el Ministerio Público, gracias al trabajo de fiscalía se recuperaron más de 68 millones de pesos de los damnificados, del mismo modo en que 8 vehículos fueron devueltos a los dueños que habían sido estafados.

La mitad de las denuncias que ingresaron al sistema, 440 legajos en total, aún se analiza si corresponde o no la intervención judicial. Están en etapa preliminar de investigación y, en caso de descubrir indicios de una maniobra ilícita, su destinó será la formalización.