La realidad que atraviesan decenas de adultos mayores en San Juan duele tanto como las cifras que la reflejan. Muchos viven solos, padecen situaciones de abandono, son víctimas de distintos tipos de violencia o no cuentan con recursos para acceder a medicamentos o alimentos básicos. En muchos casos transitan los últimos años de su vida sin la contención mínima que cualquier persona necesita. Detrás de ese escenario hay un dato que expone la magnitud del problema: cada semana, el Estado provincial interviene en un promedio de 60 casos de personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Pero para que esa asistencia llegue a tiempo existe un requisito indispensable: que alguien dé aviso. Vecinos, amigos o conocidos pueden activar el mecanismo de protección y, según advierten desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, muchas veces una denuncia es la diferencia entre recibir ayuda o permanecer invisibilizado.
La problemática volvió a quedar en evidencia esta semana con la muerte de Carlos Caballero, de 69 años. El hombre vivía solo en una vivienda de Rivadavia, padecía ceguera y su estado de salud se había deteriorado progresivamente hasta dejarlo postrado. Durante años fueron dos vecinos quienes le brindaron los cuidados más básicos, como alcanzarle comida y agua. Sin embargo, cuando advirtieron que la situación los había superado realizaron la denuncia correspondiente y lograron que fuera internado. Caballero falleció un día después en el Hospital Marcial Quiroga.
No fue un caso aislado. Hace exactamente un mes otro hombre, de 66 años, fue encontrado muerto dentro de una vivienda abandonada sobre avenida España, entre avenida Córdoba y General Paz. Llevaba varios días fallecido y, según trascendió, vivía en situación de calle antes de su trágico desenlace. Son historias distintas, pero con un denominador común: la extrema vulnerabilidad y la soledad.
"Una vez que nosotros tomamos conocimiento de un caso actuamos lo más rápido posible. Pero si no nos enteramos de estas situaciones es imposible brindar la asistencia", afirmó sobre la situación Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en diálogo con Tiempo de San Juan.
Cómo funciona el protocolo
El funcionario explicó que cualquier persona puede iniciar una Solicitud de Protección cuando detecta que un adulto mayor atraviesa una situación de riesgo. No es necesario ser familiar. "La denuncia puede hacerla un vecino, un amigo o cualquier persona que conozca el caso. Debe acercarse a la comisaría más cercana al domicilio y allí completar la Solicitud de Protección", detalló.
Luego, ese trámite es derivado al área de Género y, desde allí, a la Dirección correspondiente, ya sea Niñez, Mujer o Personas Mayores. Entonces interviene el equipo técnico integrado por trabajadores sociales, profesionales y personal especializado. "Con ese documento oficial nosotros abordamos el caso e intentamos encontrar una solución, priorizando siempre el trabajo con la familia cuando es posible", explicó.
Ochoa recordó además que, de acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se considera persona mayor a toda aquella que tenga 60 años o más.
Violencia, abandono y una cifra que preocupa
Según el director, la Dirección de Personas Mayores recibe entre 50 y 60 casos en promedio por semana, una cifra que incluye nuevas denuncias y seguimientos judiciales de situaciones ya intervenidas. "Son muchísimos casos. Algunos requieren un seguimiento porque la Justicia nos pide verificar cómo evoluciona la situación familiar. Pero, en promedio, estamos entre los 50 y 60 casos semanales", indicó.
Las problemáticas son muy variadas. No se limitan a agresiones físicas o abandono. "La violencia no es solamente un golpe. También puede ser económica, psicológica, patrimonial o emocional. Muchas veces la vulnerabilidad atraviesa a toda la familia y termina impactando sobre la persona mayor", explicó.
En ese sentido, sostuvo que detrás de muchos casos existe una cadena de conflictos familiares que se arrastra durante años. "Si no se trabaja sobre toda la familia, muchas veces el que termina pagando las consecuencias es el adulto mayor", resumió.
No todos los casos terminan con una internación. De hecho, son los menos. "Hay personas que aceptan recibir atención médica y otras que no. Incluso hay quienes están acostumbradas a vivir en situación de calle y rechazan la ayuda del Estado. Nosotros no podemos obligarlas porque debemos respetar sus derechos", explicó Ochoa.
Cuando la persona acepta la intervención, el Estado articula distintas áreas para brindar asistencia según cada necesidad: acceso a medicamentos, alimentos, atención médica, derivaciones a refugios temporarios o acompañamiento social. "Trabajamos de manera coordinada con otras direcciones. Si una persona necesita medicación, asistencia alimentaria o cualquier otro recurso, articulamos para que esa ayuda llegue", señaló.
El desafío pendiente: que la gente denuncie
Para el funcionario, el mayor obstáculo sigue siendo el silencio. Considera que todavía falta que la sociedad se involucre más cuando detecta situaciones de abandono o violencia. "La gente se está animando cada vez más, pero todavía falta compromiso. Si alguien conoce un caso y no hace la denuncia, esa persona sigue siendo invisible para nosotros", sostuvo.
También aclaró que quienes realizan una Solicitud de Protección no quedan expuestos. "Cuando intervenimos nunca revelamos quién hizo la denuncia. Es información absolutamente confidencial y forma parte del criterio profesional con el que trabaja nuestro equipo técnico", aseguró.
Por eso insistió en la facilidad y necesidad de que toda la sociedad se involucre porque, muchas veces, una simple denuncia puede convertirse en la única oportunidad para que un adulto mayor reciba la ayuda que necesita antes de que sea demasiado tarde.