Cuáles son las medidas planeadas para los alumnos que protagonizaron hechos de violencia y amenazas de bomba en San Juan

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, confirmó que se está trabajando en conjunto con las direcciones de educación secundaria, técnica, artística y ambiental para evaluar individualmente la situación de los estudiantes involucrados en estos incidentes. El objetivo, según precisó, es encontrar mecanismos que permitan una intervención eficaz sin desatender el derecho de los jóvenes a completar su trayectoria educativa.

"Estamos analizando cada caso con mucha seriedad. Si bien buscamos contener y prevenir, también tenemos que considerar medidas más firmes cuando no hay respuesta al diálogo ni colaboración por parte de las familias", indicó la funcionaria. En ese sentido, no descartó la posibilidad de aplicar sanciones como las amonestaciones escolares -una herramienta que estuvo en desuso durante años- como parte de un enfoque más riguroso.

Un enfoque centrado en la permanencia escolar

Fuentes fue clara en señalar que cualquier medida que se adopte buscará, ante todo, garantizar la finalización de la escolaridad obligatoria. "Lo que se evalúa no es si el alumno sigue estudiando, sino dónde y en qué condiciones. Queremos evitar la exclusión, pero también marcar límites", remarcó.

Sin embargo, la ministra también expresó su preocupación por el rol de algunas familias, que, en lugar de acompañar el proceso educativo, tienden a adoptar una actitud defensiva ante los reclamos de la escuela. “Todo lo que ocurra con los estudiantes impacta directamente en sus entornos familiares, y ahí también tenemos que trabajar”, subrayó.

Jornada especial en todas las escuelas

Como parte del abordaje preventivo, el próximo martes 23 de septiembre se llevará a cabo una jornada especial en los últimos años del nivel primario y en todos los cursos de secundaria. Esta actividad, impulsada por la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios junto con la Secretaría de Seguridad, tendrá como eje central la reflexión sobre la gravedad de realizar falsas amenazas.

Bajo el lema “La escuela es un espacio de ciudadanía y responsabilidad compartida”, la jornada incluirá propuestas pedagógicas centradas en la educación en valores, la empatía y el análisis crítico de las consecuencias legales y sociales de estas acciones. Algunas de las actividades previstas son:

• “El costo de una broma”: análisis grupal de los efectos de una amenaza falsa, desde su impacto legal hasta las repercusiones emocionales en la comunidad.
• Estudio de casos reales: lectura de noticias vinculadas a amenazas y debate sobre cómo se sanciona legalmente a los responsables.
• Escenarios de empatía: simulaciones de situaciones en las que las amenazas afectan directamente a personas vulnerables.
• Reflexión sobre el uso del 911: visualización de un video institucional y trabajo en aula sobre el impacto de una llamada irresponsable.
• Debate con juegos de rol: dramatización de un caso hipotético que permita explorar alternativas éticas frente a la tentación de cometer una falta grave.

Repercusiones legales y penas contempladas

Desde el Ministerio también se recordó que las amenazas falsas no son simples travesuras adolescentes, sino delitos tipificados por el Código Penal y agravados en ciertos contextos por la Ley Antiterrorista. Entre los artículos que podrían aplicarse se encuentran:

• Art. 149 bis: amenazas que busquen alarmar a la población (pena de 6 meses a 2 años de prisión).
• Art. 211: intimidación pública (de 2 a 6 años de prisión, y hasta 10 si hay uso de explosivos).
• Art. 149 ter: amenazas con fines de coacción (de 3 a 10 años de prisión).

Además, el Ministerio Público Fiscal podría avanzar con demandas civiles contra los responsables y sus familias, en paralelo al proceso penal.