UDA, UDAP y AMET fueron contra Trabajo por frenar el paro y plantearon la inconstitucionalidad

La presentación fue realizada por Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), quienes solicitaron la revisión de las resoluciones N° 039-ST-2026, 040-ST-2026 y 041-ST-2026.

En el documento, dirigido al subsecretario de Trabajo Franco Marchesi, los sindicatos sostienen que las medidas son “ilegítimas, arbitrarias y contrarias al orden constitucional”, por lo que pidieron su revocación y nulidad.

En el desarrollo del recurso, los gremios profundizan sus cuestionamientos y sostienen que las resoluciones implican, en los hechos, una restricción indebida del derecho constitucional a huelga, ya que las condiciones impuestas terminan por limitar su ejercicio efectivo. En esa línea, advierten que no se trata de una regulación razonable, sino de una medida que afecta una garantía central de los trabajadores.

A su vez, plantean que lo dispuesto por la Subsecretaría de Trabajo resulta inconstitucional, al contradecir principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Este argumento, remarcan, no sólo apunta a dejar sin efecto las resoluciones, sino que también deja abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen una respuesta favorable en la instancia administrativa.

Otro de los ejes del planteo es la falta de competencia del organismo, ya que consideran que la autoridad laboral avanzó sobre aspectos que exceden sus atribuciones, especialmente al establecer condiciones que impactan directamente en el ejercicio de derechos colectivos como la huelga.

En paralelo, los sindicatos denuncian irregularidades en el procedimiento administrativo, al entender que no se respetaron garantías básicas como el debido proceso, la participación plena de las partes y las instancias formales correspondientes. Según sostienen, estas falencias afectan la validez de las resoluciones.

También advierten que las medidas adoptadas generan una afectación a la libertad sindical, al limitar la capacidad de los gremios para organizar y llevar adelante medidas de fuerza, debilitando su rol como representantes de los trabajadores.

En ese sentido, consideran que las decisiones de Trabajo resultan desproporcionadas frente al conflicto planteado, ya que imponen restricciones que califican como excesivas e innecesarias. Por eso, solicitaron no sólo la revisión de lo actuado, sino también la suspensión de los efectos de las resoluciones mientras se analiza el recurso, con el objetivo de evitar perjuicios.

Ahora, una autoridad superior dentro del área deberá analizar el planteo y definir si confirma o revoca las resoluciones, en un escenario que suma tensión y abre un debate de fondo sobre el alcance del derecho a huelga en San Juan.