Para qué sirven las declaraciones de emergencia en medio de las crisis económicas y desde cuándo se aplican en San Juan

Aunque puedan parecer medidas excepcionales, varias de estas emergencias llevan años renovándose, aun con cambios de gestión política. Un ejemplo es la emergencia en obra pública, sancionada en 2022 durante el gobierno de Sergio Uñac, que desde entonces ha sido prorrogada de manera ininterrumpida. Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿para qué sirven estas leyes y por qué los gobiernos recurren a ellas?

Según explicaron fuentes económicas, las declaraciones de emergencia cumplen un rol clave para los Estados provinciales en contextos de crisis económicas. Una de sus principales funciones es proteger el patrimonio estatal frente a juicios ejecutados en su contra. Mientras rige la emergencia, el Estado no está obligado a pagar de contado las sentencias desfavorables, lo que le permite evitar desembolsos inmediatos y, en palabras de un informante, “no quedar atado” a estas obligaciones al momento de administrar sus recursos.

Otra de las razones centrales es el margen de maniobra administrativa que otorgan estas normas. Al declararse la emergencia en determinados ámbitos, el Estado queda exceptuado de cumplir ciertos procedimientos ordinarios, como los procesos licitatorios para compras o contrataciones. Esto agiliza la gestión en situaciones consideradas urgentes. Por ejemplo, la emergencia social habilita la compra directa de módulos alimentarios, evitando demoras burocráticas que podrían traducirse en mayores costos o falta de asistencia en tiempo y forma.

Lejos de ser una herramienta reciente, la declaración de emergencias económicas tiene antecedentes profundos en San Juan. La primera vez que la provincia adoptó una medida de este tipo fue en 1991, cuando el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo convocó a los gobernadores, entre ellos Carlos Gómez Centurión, mandatario sanjuanino, para solicitarles que adhirieran al paquete legislativo que acompañaba la Ley de Convertibilidad. Dentro de ese conjunto normativo, también se exigía la adhesión a una ley de emergencia económica. En San Juan, esa adhesión se concretó mediante decreto.