Comenzaron a trascender detalles de la reunión que el ministro del interior Guillermo Francos mantuvo con referentes políticos nacionales, especialmente del PRO, de cara al tratamiento y aprobación de la nueva Ley de Bases.
Nueva Ley Ómnibus: Buscan incorporar la reforma laboral que frenó la justicia en el DNU
El gobierno Nacional negocia con distintos sectores de la política la aprobación de la versión reducida de la Ley de Bases. El PRO quiere avanzar con la reforma laboral.
Desde el PRO le propusieron al gobierno avanzar en uno de los puntos que más le interesan a la administración Milei, la posibilidad de incorporar a la norma una reforma laboral. La oficial estaba planteada en el DNU 70/2023, que en partes claves frenó la justicia.
Quien lo propuso fue el jefe de la bancada amarilla en Diputados, Cristian Ritondo, autor de varios proyectos en danza sobre el tema.
La respuesta de Francos fue cautelosa. Le señaló a Ritondo que antes de incluir una reforma laboral, se deberían asegurar algunos consensos para que no suceda lo que ocurrió cuando se trató la Ley de Bases original en el Congreso, que terminó caída.
Los tres proyectos de reforma laboral que presentó el PRO
El primer proyecto propone una ampliación del período de prueba de tres a ocho meses. Además, contempla la posibilidad de que, en caso de que se extienda la relación laboral, el empleador tendrá una reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.
En cuanto a la segunda iniciativa, aseguran que tiene por objetivo "simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización". Al mismo tiempo, elimina las multas en caso de que el trabajador no se encuentre registrado y, en paralelo, habilita un mecanismo de denuncia electrónica ante casos de no registración.
El objetivo final del proyecto reducir la informalidad laboral que golpea al sector trabajador en la Argentina, de la mano de una reducción del costo laboral para los empleadores.
Por último, desde el PRO aseguran que la tercera iniciativa "solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad". Es así que, al igual que el DNU de Javier Milei, busca limitar el derecho al paro -amparado actualmente por la Constitución-, ampliando el núcleo de sectores a considerar como "esenciales", que incluiría a seguridad, transporte, salud y educación, entre otros.
"En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o permitir que las acciones o pasividades desarrolladas por los gremios y/o sindicatos afecten la prestación normal del servicio de que se tratare; garantizando una cobertura no menor al noventa por ciento (90%) de aquella", señala el proyecto.
Asimismo, busca ampliar los rubros determinados como "servicios básicos" que deberían garantizar un 75% de guardias mínimas.
El diputado Ritondo consideró que es “urgente" un cambio en la legislación laboral "si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras Pymes y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación".
Al mismo tiempo, recordó que el empleo formal registrado no crece desde el año 2011, a pesar de la caída en las tasas de desempleo registradas en los últimos años. "Las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, explicó.
Los tres proyectos firmados por Ritondo fueron acompañados por los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Ana Clara Romero, Silvana Myriam Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, José Núñez, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Karina Bachey, Gabriela Besana, Damián Arabia y María Sotolano, entre otros.