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SUSCRIBITEDesde el gobierno nacional argumentan que la medida tiende a "poner fin al uso político de estas empresas". Además, pone en venta 4 centrales hidroeléctricas.
La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, anotó a cinco empresas estatales como Sociedades Anónimas (S.A.) como parte del proceso de privatización que promueve el Gobierno de Javier Milei.
El Ministerio explicó que esta decisión quiere ponerle fin al uso político de las empresas públicas, obligando a las nuevas sociedades a operar como las compañías privadas, rindiendo cuentas y presentando los balances correspondientes.
Las empresas afectadas son: Corporación Buenos Aires Sur; Fabricaciones Militares; Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); Administración General de Puertos (AGP), que fue "absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación" (ANPYN); la agencia de noticias federal con 80 años de historia, Télam, que fue "disuelta"; y la histórica Fabricaciones Militares, aquella empresa concebida por el General Savio para actuar como motor de la industria pesada argentina, en coincidencia con la necesidad de proveer al país de los bienes de estas ramas industriales, al cesar su importación a causa de la Segunda Guerra Mundial.
En el comunicado oficial, publicado sencillamente con el título de “Motosierra”, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona señaló que esta medida servirá para modernizar el Estado, en línea con la estrategia de bajar el gasto público y ordenar el aparato estatal.
Además, mediante el decreto 263/2025, el gobierno nacional puso a la venta cuatro centrales hidroléctricas: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
En la misma norma dispuso "un plazo de 15 días contados a partir de la publicación para llamar al Concurso Público Nacional e Internacional" con el fin de "proceder a la venta del paquete accionario de cada una de las sociedades anónimas".