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Ley Finocchiaro

Los gremios docentes sanjuaninos, en contra de la ley que obliga a abrir las escuelas los días de paro

Tras la media sanción en Diputados, desde los gremios docentes sanjuaninos rechazaron la medida. “La educación es un derecho, no un servicio”, argumentaron.

Por Celeste Roco Navea

La iniciativa surgida del PRO nacional denominada “Ley Finocchiaro” obtuvo la media sanción tras un intenso debate en Diputados. Con el visto bueno en la Cámara baja, resta conocer su tratamiento en el Senado, pero ya comenzó a levantar polvareda entre quienes están a favor y en contra de la normativa. En la provincia, los representantes de los tres gremios docentes sanjuaninos se expresaron en contra, señalando que vulnera el derecho que hay sobre la educación.

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, precisó a Tiempo de San Juan que el gremio no está a favor de la iniciativa nacional. “Es un derecho la protesta por mejores salarios o salarios justos, condiciones laborales dignas para el docente y que los alumnos tengan las mejores aulas”, precisó el docente.

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, precisó que “la educación es un derecho, no un servicio”. Además, detalló que esta norma vulnera otro derecho adquirido por los trabajadores argentinos, como es el derecho a huelgo. “Ambos son derechos esenciales, paralelos e iguales, el ejercicio de uno no debe quitar, afectar ni restringir el ejercicio del otro”, indicó.

Y por otro lado aseguró: “Con esta ley se declara esencial la educación por encima del derecho a reclamar y del derecho a percibir un salario decente, se crea un conflicto de derechos, un conflicto de intereses, haciendo que innecesariamente ambos derechos entren en coalición. Lo cual no es correcto ni saludable”.

Un punto que señaló Navarro tiene que ver con las formas de implementarse en caso de aprobarse la ley en la Cámara Alta y ser promulgada por Nación. De acuerdo a la gremialista, no es lo mismo un día de clase que un día de escuela, por lo que la normativa solo serviría para retener a los alumnos en las aulas, por lo que no sería fructífero.

Quien se sumó al rechazo de manera generalizada fue la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga. En contacto con este medio indicó que lo que se busca es dejar en un rol de culpa a los docentes sobre la calidad educativa, cuando hay otros parámetros fundamentales a tener en cuenta que tienen mayor incidencia que un paro de actividades.

“Si quieren que la educación sea un servicio esencial deberían arreglar lo que necesitamos para que la educación funcione. Nación sacó el FONID, hay escuelas que funcionan en módulos porque cancelaron las obras, por ejemplo. Me parece que hay que poner el foco en lo que se necesita para que sea de buena calidad”, indicó Quiroga.

Con la media sanción en Diputados, los representantes de los gremios docentes apuntarán a los senadores nacionales, para que, en base a estos argumentos, no voten a favor de la ley que obliga a abrir las escuelas los días de paro.

¿Qué es la Ley Finocchiaro?

Propuesta por Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, el proyecto busca regular las leyes docentes y obligar a las escuelas a abrir los días de paro, al considerar a la educación como un “servicio estratégico esencial”.

“Vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria que es materia federal. Claramente, en nuestro país, en los últimos años, hay una coalición entre dos derechos: el derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga”, remarcó el diputado durante su intervención en la Cámara a la hora del tratamiento.

Finocchiaro explicó que en caso de que comience una huelga, “la escuela debe estar abierta y los directivos deben ser responsables de que eso suceda y que debe haber una guardia de directivos, docentes y no docentes, que ese día reciban a los chicos, que den clase de acuerdo con la organización de la escuela y que, además, garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”.

El proyecto, de ser aprobado, exigirá que el 30% del personal del colegio esté en sus puestos durante los dos primeros días de huelga para que las clases no se suspendan. Si la medida de fuerza se extiende por más de dos días, este número aumenta al 50%.

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