La tranquilidad de Calingasta se vio impactada este fin de semana por un allanamiento judicial en la Municipalidad, con la presencia del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros, y su equipo buscando documentación en las oficinas estatales. Se habla prima facie de un caso de presunta falsificación de un instrumento público y posible fraude en el cobro de becas. La investigación apunta contra quien sería el secretario del intendente Jorge Castañeda, un empleado de planta política de apellido Cortéz.
La información fue confirmada por el fiscal Riveros este martes, en diálogo con radio AM 1020. "Se practicó esa medida en virtud de una denuncia revistada por una persona, un ciudadano que daba cuenta de que se había presentado en el municipio y que conforme a los registros del municipio, él estaría siendo beneficiado de un sistema municipal de beca", dijo.
El denunciante es de apellido Linares y generó una investigación que llevó al fiscal a pedir al juez una orden de secuestro de todos los registros, para determinar si existe algún hecho ilícito, alguna maniobra en el sentido que señala la denuncia.
¿Qué es lo que reclama esta persona de apellido Linares? Riveros dijo que, según la denuncia, este hombre "se había presentado en el municipio con el objeto de inscribirse como proveedor y que para prestar algún servicio, básicamente en lo que son obras y no pudo inscribirse en función de que estaba siendo beneficiado con un sistema de becas que tiene el municipio y que le otorga a la gente que cumple determinadas características y él manifestaba de que nunca había tenido o había percibido un plan social o una beca".
Agregó que "en función de ello, él hizo otros trámites y desde el municipio le dijeron que ellos tenían registrado que había percibido determinado importe, a lo cual él manifiesta que nunca había cobrado nada y es por ello entonces que realiza la denuncia".
Linares señala en la denuncia que hay cobros a su nombre en este año, en los meses de junio y julio. "Nosotros hemos secuestrado, obviamente, y hemos hablado con el juez, pero el intendente colaboró y no fue necesario, hizo entrega voluntaria de todo lo que solicitó. Hemos secuestrado de estos meses y también de años anteriores para verificar si existe una maniobra en este sentido", aseguró el fiscal.
Sobre cuáles podrían ser las figuras legales en juego, Riveros afirmó que "todavía es prematuro hablar de una calificación legal, obviamente es provisoria. Nosotros entendíamos que primero era tratar de incorporar los elementos de convicción, una vez que los tenemos, de determinar si existe un posible delito contra el Estado, que es nuestra competencia. En ese caso, en la estafa o los fraudes contra la administración pública va un ardid o engaño que puede ser una falsificación de un instrumento público, en este caso, como ardid para obtener el objetivo que es el perjuicio al Estado, al fisco. En virtud de ello, es lo que estamos tratando de establecer si existe esa maniobra. Por un lado, obviamente, la falsificación de algún instrumento público, y por otro lado, como una maniobra que tiene por objetivo obtener un beneficio económico y un perjuicio para las arcas del Estado, donde puede configurarse el fraude. Es lo que estamos tratando de determinar".
Sobre el procedimiento, Riveros precisó que viajó con su equipo a Calingasta, y que "el viernes trabajamos hasta las altas horas de la noche buscando todo lo que es posible. Los registros contables, también tomamos algunas declaraciones testimoniales o documentos de medida. Después fuimos hasta Barreal y en la mañana fuimos al Concejo Deliberante para también tomar algunas declaraciones y algunos registros contables que estaban en poder del Concejo en función de fiscalizar, de auditar todos esos procedimientos. También tomamos declaraciones testimoniales durante el día sábado".
Adelantó que va a evaluar en esta semana o en la semana próxima si corresponde formalizar la investigación penal preparatoria contra Cortéz, que fue denunciado con nombre y apellido por Linares.
"El señor Linares en su denuncia indica como posible responsable al señor Cortés, por lo cual nosotros en esta etapa de investigación previa hemos buscado y hemos intentado investigar en función de esa teoría", aseguró el fiscal. "Conforme a lo que señala en los balances, la ley, el único documento que hemos encontrado que determina la planta política sería encargado de un área que sería como secretario del intendente", finalizó.
Según el organigrama de la Municipalidad, el apuntado sería Jorge Cortéz, encargado de la Unidad Intendencia:
¿Un "Calingasgate"?
El fiscal sanjuanino aseguró que el de Linares en Calingasta es el único caso en investigación. Recuerda a la sonada causa con repercusión nacional de Julio “Chocolate” Rigau que es investigado por ser atrapado con 48 tarjetas de débito en sus manos, de supuestos empleados de la legislatura bonaerense. Fue imputado esta semana por la fiscal Betina Lacki como presunto partícipe de un fraude contra la administración pública, un delito que no es excarcelable.
