La polémica resolución firmada por el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, sumó este miércoles un fuerte cuestionamiento institucional. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por el alcance de la Resolución General N.º 26/2026, que establece nuevas reglas para el manejo de la información pública dentro del Ministerio Público Fiscal y limita el contacto de fiscales y funcionarios con los medios de comunicación.
La entidad advirtió que el protocolo, dictado el pasado 12 de junio, impone restricciones al intercambio entre periodistas y fuentes judiciales y prevé sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas.
Según el documento, los integrantes del Ministerio Público deberán abstenerse de brindar información no autorizada, evitar intercambios personales permanentes con periodistas sobre causas en trámite y canalizar toda comunicación a través de una Oficina de Comunicaciones institucional. Además, la difusión de información vinculada a investigaciones deberá contar con validación técnica o jurídica previa y autorización expresa de las autoridades competentes.
Uno de los puntos que más controversia generó es el apartado referido a la responsabilidad y confidencialidad. Allí se establece que los funcionarios deberán guardar estricta reserva sobre la información conocida en ejercicio de sus funciones y que el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles o incluso penales. También se contempla la posibilidad de actuar ante publicaciones o filtraciones de información consideradas no autorizadas.
Desde FOPEA señalaron que, si bien la organización interna de la comunicación institucional puede resultar legítima, el problema surge cuando esas pautas se convierten en restricciones coercitivas respaldadas por amenazas de sanción.
"La consecuencia es desalentar el vínculo legítimo entre fuentes de interés público y quienes tienen la tarea de informar a la ciudadanía", sostuvieron desde la organización.
La entidad remarcó además que la relación entre periodistas y funcionarios judiciales forma parte del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y que interpretar ese intercambio como una conducta susceptible de sanción representa una visión incompatible con el acceso a la información pública.
En el comunicado difundido este miércoles, FOPEA recordó que los fiscales son titulares de la acción penal pública y actúan en representación de la sociedad, por lo que deben rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía.
Otro de los cuestionamientos apunta a una posible contradicción con el propio sistema acusatorio vigente en San Juan. Desde distintos sectores jurídicos sostienen que el modelo procesal actual está basado en los principios de publicidad y transparencia de las investigaciones, por lo que cualquier regulación que limite la circulación de información podría entrar en tensión con esos fundamentos.
La controversia se profundizó luego de que trascendiera el contenido completo de la resolución. En un primer momento, desde la Fiscalía General se había presentado la medida como una recomendación orientada a ordenar la comunicación institucional. Sin embargo, el texto establece expresamente que quienes incumplan el protocolo podrán ser objeto de sanciones institucionales, administrativas, disciplinarias o judiciales.
Dentro del Ministerio Público la decisión generó inquietud. Algunas fuentes consultadas interpretan que las nuevas directivas afectan la autonomía de los fiscales y podrían derivar en un escenario de autocensura por temor a eventuales consecuencias disciplinarias.
La resolución también dispone que la Oficina de Comunicaciones sea el canal prioritario para la difusión oficial de información, la elaboración de comunicados, la coordinación de entrevistas y la administración del vínculo institucional con los medios de comunicación. Asimismo, establece que solo podrá difundirse información corroborada y autorizada previamente por las autoridades competentes.
FOPEA reafirmó que la libertad de prensa y el acceso a la información pública constituyen pilares esenciales del sistema democrático y sostuvo que el contacto entre periodistas y funcionarios públicos no puede estar sujeto a prohibiciones ni amenazas de sanción.
Acá el comunicado completo: