El principal beneficiado en el juicio por YPF le sugirió a Argentina que "negocie"

La causa tiene un actor fundamental: Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio y se posiciona como principal beneficiario, y por primera vez emitió un comunicado público donde resume la evolución del caso y su “recomendación” a Argentina de considerar una negociación.

En su comunicado, Burford advierte que el litigio “conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva”, y subraya que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”.

También señala que “subsisten riesgos sustanciales … nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.

Por último, aclara que en caso de existan negociaciones o conversaciones, “no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”. Esa mención abre una puerta simbólica hacia una posible mesa de diálogo, lo que el Gobierno argentino ha descartado.

Cronología breve y próximos pasos

• El fallo inicial de 2023: la jueza Preska dictaminó que Argentina debe compensar a los fondos afectados por la expropiación de YPF en 2012. Default+1
• En junio de 2025, ordenó transferir el 51 % de las acciones de YPF como forma de pago parcial.
• Argentina apeló el fallo y ahora el Segundo Circuito deberá deliberar. El plazo no está definido: puede demorarse “varios meses a un año” hasta sentencia.
• Dentro de 90 días tras la emisión de la opinión de la Cámara, cualquiera de las partes puede solicitar revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Implicancias para Argentina

• Se trata de un litigio de altísima magnitud económica y política: afecta la soberanía y el control de los activos energéticos del país.
• Si el fallo es adverso, Argentina podría perder participación en YPF o verse obligada a negociar términos de pago muy exigentes.
• El caso impacta también en la percepción internacional de riesgo del país para inversiones, especialmente en el sector energético. Reuters
• El Gobierno lleva meses insistiendo en que no negociará la sentencia y que agotará los recursos judiciales hasta el final.