Por orden directa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, ha intensificado el proceso de achicamiento de la estructura estatal. Tras haber reducido la planta del Estado en más de 67.000 puestos desde el inicio de la gestión —un ajuste cercano al 19,5%—, el Gobierno ahora apunta a recortar al menos otros 5.000 empleos mediante un esquema de retiros voluntarios.
El plan del Gobierno para achicar el Estado: retiros voluntarios y prohibición de reingreso por cinco años
Los acuerdos contemplan el pago del 90% del salario bruto por año trabajado. El objetivo es compensar el gasto en indemnizaciones con el ahorro salarial en menos de un año.
El foco en los organismos descentralizados
La estrategia se ha centrado inicialmente en organismos descentralizados, donde se reportan niveles de adhesión que el oficialismo califica como "exitosos". En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en la Dirección Nacional de Vialidad, cerca de 1.200 y 1.000 empleados, respectivamente, aceptaron las condiciones de salida, lo que representa aproximadamente el 10% de la dotación de cada entidad.
Otros organismos que ya han implementado o están por iniciar estos procesos incluyen:
- INTA: Con un proceso abierto donde ya firmaron 400 personas.
- PAMI: Se prevé la apertura de retiros en los próximos días para su planta de más de 12.000 trabajadores.
- Otros: Radio y Televisión Argentina (RTA), Casa de Moneda, ANAC y Belgrano Cargas.
Mecánica y objetivos del plan
El esquema propuesto por la cartera de Sturzenegger ofrece el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado. Desde la Casa Rosada defienden esta herramienta argumentando que es "más económica que una indemnización" y que, al ser de mutuo acuerdo, reduce significativamente la conflictividad judicial. Según estimaciones oficiales, el gasto inicial que supone el retiro se compensa con el ahorro en materia salarial en un plazo menor a un año.
Un punto clave de los acuerdos es que quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años.
Hacia la administración central
Aunque el enfoque actual está en los entes descentralizados, fuentes gubernamentales confirmaron que se evalúa extender este mecanismo a las áreas de la administración central. Según los últimos datos del INDEC a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales totalizan 276.104 empleados, reflejando una reducción interanual del 6,3%.
Desde el Ejecutivo subrayan que el proceso es "dinámico" y que, en muchos casos, son los propios trabajadores quienes solicitan acceder al esquema de desvinculación ante la incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos o funciones.
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