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SUSCRIBITEMientras este jueves el Senado votaba iniciativas favorables a las provincias y a los jubilados, militantes digitales del oficialismo realizaban posteos en redes que merecieron las denuncias de varios diputados nacionales.
“LOS TANQUES A LA CALLE YA”, pidió @GordoDan_. “Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso”, tuiteó @elpittttt. “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”, escribió @ElTrumpista. “Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”, alentó @FranFijap.
Los tuit de los militantes libertarios de la semana pasada, cuando la oposición le asestó varias derrotas legislativas al Gobierno, llegaron a la Justicia federal. Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria presentaron este martes una denuncia penal contra las figuras oficialistas del mundo virtual por atentar contra el orden democrático, hacer apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, entre otros cargos.
La denuncia carga sobre los titulares de las cuentas de la red X identificadas como @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt. Las personas detrás de estos perfiles son Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, respectivamente, señalaron los legisladores en su presentación.
La denuncia se basa en una serie de publicaciones realizadas el pasado 10 de julio, mientras el Senado de la Nación debatía proyectos de ley clave para jubilados, personas con discapacidad y las provincias. Según los legisladores, estos mensajes constituyen una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, figuras penales contempladas en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal. Además, se argumenta que la instigación se dirige a atentar contra el orden democrático, un delito previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Los legisladores señalan que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, no es un derecho absoluto y encuentra sus límites cuando se incita a la violencia y se atenta contra las instituciones. Destacan, además, la gravedad de que estas manifestaciones provengan de personas presuntamente vinculadas a las máximas autoridades del Gobierno Nacional, incluyendo algunos con acceso privilegiado al presidente de la Nación o a altos funcionarios.
“La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal”, afirmaron los diputados en la denuncia. La presentación fue hecha por Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero,
En la presentación, los legisladores solicitaron al juez o fiscal interviniente una serie de medidas de investigación. La causa, que ha sido sorteada, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti.
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