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SUSCRIBITEEn un encuentro con cámaras empresariales del sector minero, los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández anunciaron avances en una ley que busca garantizar mayor participación de proveedores locales, fomentar el empleo y atender el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad.
Este viernes, el Gobierno de San Juan convocó a un encuentro con referentes de las Cámaras de Proveedores Mineros de la provincia, con el objetivo de abordar inquietudes del sector sobre la falta de participación de empresas locales en procesos licitatorios impulsados por algunas operadoras mineras.
La reunión, organizada por el Ministerio de Minería, tuvo lugar en un hotel del departamento Santa Lucía y contó con la presencia del ministro Juan Pablo Perea, junto a su par de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.
Participaron representantes de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), la Unión Industrial de San Juan (UISJ), la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales de San Juan (CAPRINSA), así como cámaras departamentales de proveedores de Jáchal, Iglesia y Calingasta, y miembros del Colegio de Profesionales de la Minería.
Durante el encuentro, los ministros expusieron los avances en el proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores, Empleo y Comunidades, iniciativa que apunta a establecer un marco normativo para fortalecer el rol de los proveedores sanjuaninos en la industria minera.
“El Gobierno asumió el compromiso de trabajar para que, en breve y dentro de este año legislativo, como se comprometió el gobernador Marcelo Orrego, la provincia cuente con una ley que ponga orden y traiga la equidad necesaria”, afirmó el ministro Perea al finalizar la reunión.
Por su parte, el ministro Fernández adelantó que, a partir de ahora, se propiciarán reuniones entre las empresas mineras y los proveedores locales, para que estos últimos puedan expresar directamente sus planteos y necesidades.
El objetivo, según señalaron desde el Gobierno, es generar un espacio de diálogo que permita lograr consensos sólidos y una legislación que contemple las necesidades tanto de las comunidades como del entramado productivo vinculado a la minería.