El escándalo de los "ñoquis" en Zonda: empleados deberán devolver sueldos cobrados sin trabajar

Según confirmó este lunes en diálogo con Radio Sarmiento el abogado del SEP, Roberto Correa Esbry, el Tribunal de Cuentas detectó casos flagrantes de irregularidades que derivaron en la desvinculación de al menos tres personas. La medida más contundente es la obligación de devolver el dinero cobrado indebidamente, lo que podría representar hasta un año entero de sueldos percibidos sin haber prestado servicios. El vocal del Tribunal, Daniel Pérez, había remarcado en declaraciones a la misma emisora el año pasado que, si se demuestra documentalmente la falta de prestación de funciones, la responsabilidad recaerá sobre el patrimonio personal de los empleados, quienes deberán reintegrar las sumas de su propio bolsillo.

Uno de los puntos clave de la denuncia es el caso de quien sería un sobrino del diputado e hijo del intendente, identificado como Gustavo Atampiz. Esta persona, siendo empleado de planta permanente del municipio, percibía sueldo y adicionales por insalubridad en Zonda mientras, simultáneamente, trabajaba fuera de San Juan, en el proyecto minero en Vaca Muerta para una empresa privada.

La denuncia del gremio va más allá y habla de un esquema de nepotismo donde se incluyen a las esposas del intendente y del diputado, quienes supuestamente marcaban asistencia sin trabajar. Correa Esbry calificó la situación como éticamente cuestionable, pero enfatizó que la ilegalidad reside en el incumplimiento de la jornada laboral para cobrar un sueldo del Estado.

La "misteriosa" desaparición de documentos

La investigación sobre el grueso de los denunciados -aproximadamente 180 empleados de una planta de 240- enfrenta un obstáculo institucional. Correa Esbry denunció que el municipio informó al Tribunal de Cuentas el extravío de la documentación respaldatoria de las asistencias. Ante esta situación, la municipalidad desvinculó al Director de Recursos Humanos y al Jefe de Personal, e implementó un sistema de control biométrico para evitar nuevos fraudes.

Para el abogado del SEP, este extravío es "insólito" y constituye una maniobra para evitar que se pueda corroborar la inasistencia masiva. No obstante, el gremio sostiene que de los 240 empleados de planta, solo 80 cumplían funciones efectivamente, lo que representaría una estafa al erario público de cerca de 1.500 millones de pesos al año.

Semanas atrás, el diputado Miguel Atampiz desestimó las acusaciones tildándolas de "movida política" y justificó la reorganización de turnos alegando que los sueldos municipales son insuficientes, lo que obligaría a los empleados a realizar "changas" entre semana.

Mientras el Tribunal de Cuentas avanza en el análisis de la Cuenta General 2025, el SEP busca reactivar la causa penal en la Justicia provincial. Correa Esbry adelantó que insistirá en obtener copia del dictamen del Tribunal para fundamentar nuevas actuaciones judiciales y asegurar que la estafa contra la administración pública no quede impune.