El detalle sobre la firma entre Orrego y Cornejo para un llamado a licitación, con la Ruta 40 como eje

La visita del gobernador mendocino Alfredo Cornejo a San Juan dejó este jueves una serie de definiciones vinculadas tanto a la seguridad regional como al desarrollo minero. Junto a Marcelo Orrego, el mandatario firmó un convenio específico que habilita el llamado a licitación para la construcción de la primera Zona de Control Unificado de Cuyo, que estará emplazada sobre Ruta 40, en el límite entre ambas provincias.

El acuerdo prevé la integración de controles policiales, fitosanitarios y tecnológicos en un único espacio. La obra se desarrollará en el actual puesto de Iscamen, ubicado en territorio mendocino, y contará con infraestructura compartida entre ambas jurisdicciones.

Según se informó, Mendoza realizará tareas de ampliación y refacción, mientras que San Juan construirá nuevos sectores operativos. El financiamiento será conjunto: cada provincia aportará el 50% de los más de $5.100 millones previstos para concretar el proyecto.

El futuro puesto tendrá sistemas de videovigilancia, lectores automáticos de patentes, reconocimiento facial y bases de datos integradas, con el objetivo de reforzar los controles sobre vehículos y personas que circulen entre ambas provincias y, al mismo tiempo, agilizar el tránsito.

Tras el llamado a licitación, la apertura de sobres y evaluación de ofertas se realizará de manera coordinada mediante una comisión integrada por representantes de San Juan y Mendoza.

De la firma participaron también la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, y el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado.

Una mesa federal para impulsar la minería

La actividad de Orrego y Cornejo continuó en la Expo San Juan Minera, donde el Gobierno nacional lanzó la Mesa Federal Minera, un nuevo ámbito de articulación entre provincias, Nación y empresarios para fomentar inversiones en minería, especialmente en cobre y litio.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro del Interior, Diego Santilli. También participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y el propio Cornejo, además de Orrego como anfitrión.

Durante el encuentro, funcionarios y empresarios destacaron el impacto del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y las condiciones de seguridad jurídica para atraer capitales al sector.

Karina Milei sostuvo que Argentina “siempre tuvo un enorme potencial en minería”, aunque consideró que durante años no pudo aprovecharlo plenamente. Como ejemplo, comparó las exportaciones mineras argentinas con las de Chile y señaló que el país vecino superó los 50.000 millones de dólares en 2023, mientras que Argentina apenas alcanzó los 4.000 millones.

En ese contexto, Orrego afirmó que “la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica” y remarcó la necesidad de que las empresas concreten inversiones para generar “trabajo genuino”.

Por su parte, Santilli aseguró que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y sostuvo que el desafío es consolidar a la Argentina como “un país minero”.

Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, consideró que el país atraviesa “un momento bisagra” para el desarrollo minero y vinculó ese escenario al ordenamiento macroeconómico, el RIGI y los cambios en la Ley de Glaciares.