Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Este es el oficial Galván, el policía sanjuanino que va a juicio por una de las tantas causas penales que tiene en su contra.
Desobediencia a una orden judicial y retardo en su labor, estos son los dos delitos por el que el oficial de policía sanjuanino, Miguel Galván irá a juicio en 2024 (se especula que para fines de febrero o inicios de marzo comience). Por esta misma causa quedó implicada la cabo de policía Yohana Riveros Aballay, pero ella fue sobreseída ya que la fiscalía no encontró las pruebas suficientes para enrostrarle un delito.
Esta causa tuvo inicio por el mal accionar policial que presuntamente tuvo Galván la noche del 31 de agosto de 2022 en un requerimiento de un hecho de violencia de género, donde estaba implicado el exfuncionario de Turismo, Nahuel Fernández, y que en noviembre de este año fue absuelto.
Volviendo al procedimiento de Galván, a él y a la cabo se los acusó de no ayudar a la víctima que estaba ensangrentada y golpeada. Es más, el ayudante fiscal de Flagrancia le dio las directivas al oficial Galván que debía llevar a la mujer al CAVIG para hacer la denuncia, pero este hizo caso omiso.
El fiscal del caso en la audiencia planteó que hubo una total falta de empatía de los policías con la mujer que denunció -en ese momento- de haber sido golpeada.
La mujer, sola en moto, fue a comisaría 13ra junto a su mamá toda ensangrentada a radicar la denuncia. Ahí fue trasladada a CAVIG y el fiscal coordinador denunció de oficio en UFI Delitos Especiales el accionar que tuvo el policía, causa que recayó y que fue investigada por los fiscales Adrián Riveros y Emiliano Pugliese.
Los representantes del MPF en el requerimiento de pena solicitaron 1 año de prisión condicional y 8 meses de inhabilitación a sus deberes de funcionario público. La desobediencia es por no cumplir con la orden dada por el ayudante fiscal. El otro delito es menos gravoso y solo tiene pena de multa, que en esta ocasión la fiscalía pidió en el requerimiento que sea de $12.500.
A lo largo de la IPP la fiscalía no halló las pruebas suficientes para endilgarle un delito a la uniformada. Es más se llegó a la conclusión que la cabo nunca recibió una orden ni del oficial Galván ni del ayudante fiscal. Solo ella cumplió las ordenes que su superior le dio, ella no era la jefa de patrulla sino una ayudante.
Por tal razón el juez de Garantías, Ramón Alberto Caballero, al escuchar los argumentos de fiscalía le dictó el sobreseimiento a la cabo. Caso contrario para Galván que irá a juicio.
Dato: la fiscalía aportó 9 testigos para el debate y la defensa solo uno.
Galván después de este episodio empezó a ser investigado por la UFI Delitos Especiales N°4 por otros delitos. Está acusado de apremios ilegales, de atrincherarse en una vivienda para evitar ser detenido por la fuerza policial y amenazas. Casos que tuvieron mucha repercusión social a principios de enero de este año.
video