Abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Por estos tres delitos, un albañil de San Martín podría purgar 20 años de condena en la cárcel por los supuestos manoseos y las violaciones contra una niña que es pariente de su mujer.
El obrero de la construcción tiene 32 años -no se lo identifica para preservar a la víctima- y comenzó a ser juzgado esta semana ante los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Flavia Allende y Diego Sánz en el subsuelo de Tribunales. La ayudante fiscal María Victoria Ruíz y el fiscal Mariano Juárez Prieto de la UFI ANIVI son los encargados de la acusación y la defensa está a cargo del abogado Joaquín Moine Galdeano.
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Los jueces Andrés Abelín Cottonaro (al centro), Flavia Allende y Diego Manuel Sánz.
El hecho fue denunciado en diciembre de 2023 y actualmente el acusado se encuentra en libertad. La fiscalía lo acusa de abusos sexuales que supuestamente ocurrieron entre 2021 y 2022 en el departamento San Martín, cuando la víctima, que en ese entonces tenía entre 9 y 10 años, vivía en la misma propiedad que el albañil.
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La ayudante fiscal María Victoria Ruíz y el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.
La niña afirmó que su pariente político la sometió a diversos tocamientos, que también la obligaba a masturbarlo y que la violó en reiteradas ocasiones. En función a esos relatos y otras pruebas que reunió la fiscalía, le atribuyen los delitos de abusos sexuales con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, todos reiterados y agravados por la situación de la convivencia preexistente y la edad de la víctima.
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El defensor, el abogado Joaquín Moine Galdeano (a la izquierda).
El acusado no declaró en la primera audiencia del juicio, pero la defensa intenta demostrar que la denuncia en su contra es falsa y que detrás de la grave acusación hay una venganza familiar debido a los problemas personales. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal va por una condena y ya adelantó que al momento de los alegatos pedirá una pena de 20 años de cárcel.