Sorpresa total hubo este jueves en tribunales con la resolución del juez de Impugnacion Daniel Guillén, quien revocó por completo la decisión de la jueza de Garantías Mabel Moya, que fue dejar libre a cuatro y con prisión domiciliaria a los restantes y, finalmente, decidió enviar a los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza con prisión preventiva de 3 meses en el Servicio Penitenciario Provincial. Además obligó a la fiscalía a que presente la acusación formal o dictar el sobreseimiento.
En la última audiencia, el fiscal Francisco Nicolía había solicitado la prórroga de la preventiva pero la jueza no dio a lugar y dejó en libertad a Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo y Jonathan Carrizo; y la prisión domiciliaria para Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo. Esa medida se modificó hoy.
Es decir que el TI le dictó la pena de 3 meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Los que llegaron libres tuvieron que entregar sus cosas e irse esposados. Su cara fue letal, no lo podían creer y no lo esperaban.
Los argumentos del juez de Impugnación sostuvieron que la investigación correría peligro si los imputados recuperaban la libertad, puesto que aún resta producir evidencia (como la declaración de testigos) y el escenario actual presentaba un claro riesgo de entorpecimiento.
Este razonamiento resultó similar al expuesto por el fiscal del caso, Francisco Nicolía, quien calificó la resolución previa de la jueza Moya como arbitraria, alegando que solo valoró una parte de las pruebas recolectadas. Uno de los motivos de la magistrada para liberar a cuatro de los siete implicados fue que el examen de absorción atómica resultó negativo (no presentaban restos de pólvora en sus manos).
La decisión no agradó en absoluto a los abogados defensores Jorge Olivera Legleu, Miguel Ángel Gelvez (h), Nicolás Gómez Camozzi, Jorge Videla y Marcelo Abarca, quienes adelantaron que impugnarán la medida por escrito. El único en manifestarlo de forma oral fue Olivera Legleu, quien cuestionó el trabajo del magistrado al considerar que ya tenía el fallo redactado de antemano, omitiendo los fundamentos expuestos por las partes durante la audiencia.