El escándalo por las presuntas estafas millonarias con la venta de lotes suma un nuevo capítulo judicial. En una reciente audiencia, la Justicia resolvió prorrogar por 90 días la prisión preventiva domiciliaria para Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González, la pareja señalada como la principal responsable de un fraude a gran escala que sigue avanzando.
La decisión fue tomada por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, quien avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, los imputados continuarán cumpliendo la medida cautelar en sus respectivas casas paternas: Robles Bonade en la localidad de Concepción y Martín González en Santa Lucía.
Actualmente, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga más de 304 hechos (distribuidos en aproximadamente 150 a cada uno de los acusados), y las denuncias continúan acumulándose semana tras semana en las oficinas judiciales. Según los cálculos preliminares, el perjuicio económico ocasionado a las víctimas supera ampliamente los 1.000 millones de pesos.
El pedido de extensión de la medida cautelar fue formulado por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, quienes contaron con la adhesión total de los abogados querellantes, que representan a las numerosas víctimas.
Para sostener la necesidad de mantener a la pareja bajo encierro domiciliario por 90 días más, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron diferentes puntos como el crecimiento del expediente, la causa sigue en constante expansión, con nuevas denuncias radicadas en las últimas semanas. La ruta del dinero, los más de 1.000 millones de pesos que habrían recibido de las víctimas no figuran en sus cuentas personales ni en sus arcas formales. El paradero de los fondos sigue siendo un misterio. El riesgo procesal, la fiscalía aseguró que los imputados "no modificaron nunca sus actitudes ante el proceso de la Justicia" y continuaron con maniobras para entorpecer la investigación. Los testigos pendientes, ya que aún resta que un gran número de testigos preste declaración, por lo que su libertad podría influir negativamente en los testimonios. Y los plazos, ya que los acusados ya llevan 16 meses bajo medidas cautelares, tiempo que la fiscalía considera proporcional a la complejidad de los 304 hechos investigados.
Del otro lado del estrado, las defensas buscaron la libertad de los acusados, apoyándose en el tiempo que ya llevan privados de su libertad: 1 año, 3 meses y 26 días hasta la fecha de la audiencia.
La defensora oficial Cecilia Mut, en representación de Martín González, atacó los planteos de la fiscalía asegurando que utilizan "los mismos argumentos y no cambian en nada", calificándolos como "algo genérico y en abstracto". En cuanto a las acciones de su defendido, Mut destacó que González está intentando "enderezar su situación monetaria" con los damnificados. Como prueba de ello, mencionó que el imputado tiene una audiencia programada en el juzgado comercial, inició un concurso preventivo para llegar a un acuerdo con sus acreedores y, además, ha demandado al municipio de Calingasta. Según la defensora, estas acciones son "una muestra de tratar de resolver y no de entorpecer".
Por su parte, el abogado defensor particular Fernando Castro, a cargo de la representación de Robles Bonade, apeló a la situación personal de su clienta. Castro argumentó que la joven se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, recuperándose favorablemente. Asimismo, destacó su "voluntad de crecer como persona y estudiante" para reinsertarse socialmente.
Pese a los esfuerzos de la defensa técnica, el juez Fernández Caussi consideró que los riesgos procesales y la gravedad de la imputación siguen vigentes, inclinando la balanza a favor del Ministerio Público y dictando la continuidad del arresto domiciliario.