La investigación interna por el faltante de 150 pistolas reglamentarias calibre 9 milímetros dentro de la Policía de San Juan derivó en el traslado de toda una unidad. Es que, en el marco del sumario administrativo ordenado por la Jefatura, siete efectivos que prestaban funciones en la División Armamento fueron removidos de sus cargos y trasladados a distintas dependencias de la provincia. La decisión adoptada fue del jefe de Policía, Néstor Marcelo Álvarez.
La medida dejó trascender la auditoría interna que busca establecer qué ocurrió con el armamento que no figura en los inventarios oficiales. Aunque todo apuntaría a un severo desorden administrativo, se estima que si las armas no aparecen en lo inmediato se promoverá una denuncia penal frente a un posible robo o desvío de las armas Bersa calibre 9 milímetros.
Los cambios fueron dispuestos mediante una resolución firmada por Álvarez y alcanzan exclusivamente a personal que se desempeñaba en la División Armamento. Los efectivos removidos son el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, trasladado a la Unidad Coordinadora de Departamentales; la cabo primero Laura Verónica Aballay, destinada a la Sección Comunal N° 1 Centro; el cabo primero Javier Darío Lucero, enviado a la Departamental 7 Oeste.
También fueron trasladados el cabo primero Martín Hernán Villalobos, reasignado a la Comisaría 2ª de Concepción; el cabo Carlos Andrés Chaves, trasladado a la Comisaría 3ª de Trinidad; el cabo Franco Miguel Troncoso, destinado a la Unidad Operativa La Cañada; y el cabo Franco Gabriel Tejada, enviado a la Comisaría 26ª Cabo Félix Javier Salinas.
Los traslados se produjeron luego de que la auditoría detectara inconsistencias en el registro y asignación del armamento policial. Entre las primeras irregularidades surgidas durante la revisión, los investigadores encontraron casos de subcomisarios que portaban pistolas que, en los registros oficiales, figuraban asignadas nominalmente a cabos, una situación que expuso las deficiencias en el control interno de la fuerza.
Se trata de armas que integran un lote de 500 unidades adquirido por el Gobierno de San Juan en 2022 a la firma Punto de Impacto, mediante licitación pública. Las inconsistencias fueron detectadas en los lotes de fabricación identificados como M y N.
Fuentes allegadas atribuyen el faltante a un desorden administrativo acumulado durante años, agravado por la inexistencia de un sistema digital que permita realizar un seguimiento individualizado de cada arma reglamentaria. Incluso, una de las hipótesis que todavía analizan las autoridades es que parte del armamento permanezca guardado en sus cajas originales sin haber sido incorporado formalmente al sistema de registro.
Como parte de la reestructuración de la División Armamento también fue designado al frente del área el subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña, quien tendrá la misión de encabezar el proceso de normalización de los inventarios y del control del material bélico.
La investigación administrativa -que podría decantar en una denuncia penal- se desarrolla en paralelo a otra causa penal que intenta determinar el destino de una serie de computadoras adquiridas para la Policía de San Juan que tampoco pudieron ser ubicadas, un expediente que alimentó el proceso de revisión interna impulsado por la Jefatura.
