La investigación por la compra de equipamiento informático destinado a la Policía de San Juan sumó un nuevo elemento que podría modificar el rumbo del expediente. Pericias realizadas sobre las impresoras secuestradas durante un allanamiento revelaron que algunos de esos equipos habrían sido utilizados previamente por otra dependencia del Estado provincial, una circunstancia que fortalece la sospecha de que parte del material presentado como adquirido para la fuerza no era nuevo.
La causa, que está en manos de la UFI Delitos Especiales N°4, investiga un presunto fraude contra la administración pública vinculado con la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y tablets por un monto cercano a los 90 millones de pesos durante la gestión provincial anterior de Gobierno. Según la hipótesis fiscal, los equipos fueron pagados por el Estado, pero nunca llegaron a las dependencias policiales.
El dato que ahora concentra la atención surgió durante las pericias informáticas practicadas sobre las impresoras secuestradas. Al recuperar e imprimir archivos almacenados en la memoria interna de algunos dispositivos, los investigadores encontraron documentación vinculada al Ministerio de Educación. Ese hallazgo abrió la posibilidad de que los equipos hubieran pertenecido previamente a esa cartera y no formaran parte de una adquisición nueva, como establecía la contratación.
Los investigadores consideran que se trata de una línea que todavía debe ser profundizada y no descartan que aparezcan elementos relacionados con otras áreas de la administración pública. Tampoco se descarta que nuevas medidas permitan confirmar o descartar definitivamente esa hipótesis.
La formalización de la investigación se concretó este mes ante la jueza Flavia Allende. En esa audiencia, el fiscal Roberto Ginsberg solicitó un plazo de un año para avanzar con la producción de pruebas y formalizó la imputación por fraude en perjuicio de la administración pública. Para los funcionarios involucrados también se agregó la acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los imputados son la empresaria María de Lourdes Quiroga Coll, titular de la firma que resultó adjudicataria de la compra; el ingeniero Enzo Ariel Fava, quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad al momento de los hechos; el comisario mayor retirado Jorge Eduardo Santoni; y los comisarios Juan José Valverde y Juan José González.
La investigación sostiene que en junio de 2023 se confeccionó la documentación que certificaba la recepción de los equipos informáticos, lo que permitió que el Estado efectuara el pago total de 90 millones de pesos. Sin embargo, cuando la nueva conducción policial inició un relevamiento tras el cambio de gestión, constató que las computadoras nunca habían ingresado a las distintas dependencias.
El expediente dio un giro en julio de 2025, cuando Quiroga Coll informó espontáneamente que los equipos se encontraban almacenados en un depósito privado. A partir de ese dato, la Justicia ordenó un allanamiento en un galpón ubicado en Capital, donde fueron secuestradas computadoras e impresoras embaladas.
Las pericias posteriores complicaron aún más la situación de los acusados. Los especialistas determinaron que las computadoras secuestradas no coincidían con las especificaciones técnicas previstas en la contratación oficial. Entre otras diferencias, detectaron que no contaban con la memoria RAM establecida en el pliego y que las licencias del sistema operativo habían sido instaladas poco antes del secuestro, pese a que la documentación oficial indicaba que esos equipos habían sido entregados más de un año antes.
Ahora, el análisis de las impresoras suma otro elemento de interés para la causa. La aparición de documentación perteneciente al Ministerio de Educación alimenta la sospecha de que esos dispositivos ya habían sido utilizados dentro del Estado, un aspecto que será objeto de nuevas medidas de prueba durante la investigación.
En paralelo, desde la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública confirmaron que impulsarán un sumario administrativo para analizar la actuación de los comisarios González y Valverde, quienes continúan prestando funciones mientras avanza la investigación judicial.
Con la competencia ya definida a favor de la Justicia provincial, la fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar cómo se ejecutó la maniobra y establecer las responsabilidades de cada uno de los imputados en el presunto desvío de fondos públicos.
