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Tribunales

Por la polémica que se generó contra el fiscal Grassi, ¿qué podría pasar con el pedido de la abogada Miers?

La letrada que desató el revuelo ahora decidió mantenerse en silencio y, por ello, este diario consultó con fuentes judiciales sobre qué impacto tendría el "control de actuación" que solicitó para el funcionario del Ministerio Público. Hay quienes afirman que el concepto requerido, directamente, no existe en el Código Procesal Penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La polémica se encendió en Tribunales, después de que la abogada Paola Miers apuntara directo contra el fiscal Iván Grassi y cuestionara su tarea durante la investigación del homicidio del que su cliente resultó absuelto. La letrada no sólo tildó el desempeño del funcionario de "ridículo", sino que aseguró que se manejó con violencia y, por ello, solicitó un "control de actuación judicial".

Según había explicado la letrada al término del juicio que la encontró victoriosa, durante los alegatos le pidió al tribunal que se hiciera una revisión sobre el proceder de Grassi a lo largo del desarrollo de la instrucción, dada la cantidad de supuestas irregularidades que se cometieron y que enumeró. Es por eso que a partir de sus dichos, surgió la duda de qué pasaría con lo expuesto y qué tipo de consecuencias habría al respecto.

Frente a la consulta con la abogada y su silencio como respuesta, este diario acudió a fuentes judiciales que aseguraron que el requerimiento que elevó Miers, directamente, no existe en el Código Procesal Penal. Penalistas que a diario ejercen la tarea manifestaron que no está establecido un control de actuación como tal, aunque por lo novedoso que resultó el pedido para los propios colegas, se dejó la puerta abierta a un posible llamado de atención por parte del tribunal interviniente.

Acorde señalaron, cabe la posibilidad de que los jueces que dictaron la sentencia absolutoria en favor del patrocinado de Miers, en el dictado de los fundamentos de su resolución, solicite que Grassi sea al menos advertido. No obstante, en la lectura del resolutivo que se hizo cuando dio a conocer el fallo, en el que se suele anticipar los puntos que se tratarán en la fundamentación de la sentencia, el tribunal no mencionó nada sobre las acusaciones públicas de la abogada.

La misma aseveró que Grassi ocultó pruebas en el proceso, que le mintió al tribunal, que se manejó con violencia y que hasta propició amenazas contra testigos y contra ella. "Ha sido muy grave lo que ha pasado. Yo le dije que si tenía decoro, que renunciara", destacó.

Voceros de Tribunales, que también fueron consultados, explicaron que los jueces Matías Parrón, Celia Maldonado y Eugenio Barbera sólo están obligados a referirse sobre las actuaciones que se ejecutaron en torno a la causa y su vinculación con el dictamen. Sostuvieron que para hacer semejantes acusaciones hay otras instancias a las que debería acudir, si considera que el fiscal obró de forma irregular.

En ese sentido, detallaron que podría ir por la vía administrativa y poner en conocimiento sobre la conducta del fiscal al Fiscal General, Eduardo Quattropani, quien es la autoridad máxima del Ministerio Público y quien podría tomar algún tipo de medida. La otra opción sería más concreta y está relacionada con el pedido del jury ante al Jurado de Enjuiciamiento. "Esa sí es una manera efectiva de denunciar a cualquier funcionario judicial, como se ha aplicado con jueces, se lo puede hacer con fiscales", manifestaron.

También, remarcaron que en caso de que la denunciante entendiera que existió la comisión de un delito, debería radicar la denuncia penal correspondiente para que se investigue.

Penalistas que opinaron sobre el tema, que coincidieron sobre la inexistencia del "control de actuación" que impulsó Miers, anticiparon que los jueces podrían pasar por alto el pedido de la abogada, para evitar un escándalo mayor, y que su sugerencia sería que acuda a los fueros correspondientes como lo es el Jurado de Enjuiciamiento.

En sus declaraciones mediáticas, Miers también disparó contra el juez de Garantías que participó durante la Investigación Penal Preparatoria, como así también contra los peritos que obraron en la causa, como médicos forenses y psicólogos cuyos informes fueron utilizados por Grassi, según ella, en su propio beneficio y sin hacer una evaluación de los elementos probatorios con objetividad.

Cabe destacar que en una de las audiencias previas a la elevación a juicio, en la causa contra Luis Darío Endrizzi, que estaba sospechado por el homicidio criminis causa de Carlos Crespillo, ocurrido en diciembre del año pasado, se produjo un fuerte cruce entre la defensora Miers y el fiscal Grassi. Hacía unos días que la abogada había recusado al miembro de la UFI de Delitos Especiales, aunque sin éxito.

En esa oportunidad, el juez Javier Figuerola pidió que la prensa y la operadora de sala que salieran del recinto y mantuvo una conversación seria con las partes implicadas, que se sacaban chispas en el proceso. Nunca se supo qué fue lo que se habló en esa reunión secreta y resuelta de último momento por el magistrado. Lo cierto es que la pelea se reavivó en el final del juicio y todo indicaría que todavía quedan más rounds por celebrarse.

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