La denuncia de la Liga Sanjuanina desató un impensado conflicto de competencias

La presentación fue realizada por el abogado de la entidad presidida por Juan Valiente, frente a las sospechas de que habrían existido partidos arreglados. Fue por ello que no sólo pidió que se investigue el uso indebido de la identidad institucional en las plataformas de apuestas, sino también si hubo acuerdos por los resultados en los encuentros disputados, que podrían involucrar a personas del fútbol local.

Pese a ello, la denuncia aún no pudo ser indagada hasta el momento por un inesperado conflicto de competencias. Es que tras el planteo del abogado de la Liga, la denuncia ingresó al sistema a través de la unidad fiscal que comandan los fiscales Pablo Martín y Eduardo Gallastegui, pero fue derivada a la UFI Genérica. La explicación sobre ello que trascendió fue que las sospechas remiten al tipo de configuración delictiva que debe ser investigada por dicha unidad fiscal.

No obstante, fuentes judiciales anticiparon que la denuncia regresaría a su lugar de origen, ya que el fiscal Ignacio Achem habría analizado la presentación y entendería que son los peritos informáticos los que deberían poner la lupa sobre los sitios web y aplicaciones de apuestas, que no estarían habilitados para operar en territorio sanjuanino.

Tal como lo publicó este diario, en exclusiva, en la denuncia penal se aportaron pruebas digitales y un listado de personas vinculadas al fútbol local que podrían estar implicadas en el armado de partidos para beneficiar a las casas de apuestas o a los apostadores.

Es por ello que aquí estaría en juego la figura penal prevista en el artículo 301 bis del Código Penal. El mismo sostiene que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio".

Pese a la prohibición reglamentaria, en las últimas fechas al menos tres partidos del torneo doméstico volvieron a figurar en plataformas como BPlay (legal en otras provincias pero no en San Juan) y en páginas ilegales como Celu Apuestas. Por su parte, la Caja de Acción Social, que regula el juego en la provincia, confirmó que no hay operadores habilitados y que cualquier plataforma que funcione desde San Juan lo hace al margen de la ley.