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SUSCRIBITELa fiscalía había solicitado extender las medidas coercitivas para ambos imputados, pero el juez resolvió morigerarlas en su favor aunque seguirán bajo la lupa de la fiscalía, que tiene un año para investigar si participaron de una estafa multimillonaria con la venta de lotes.
Luego de haber sido detenidos por las autoridades y de ser acusados formalmente por el delito de estafa, en la causa que la fiscalía investiga a Héctor Storniolo, la abogada y el operador inmobiliario que habían quedado en la mira y que recibieron la prisión preventiva resultaron beneficiados por la justicia. Es que en una audiencia en la que el fiscal pretendía extender la medida coercitiva, el juez de Garantías las morigeró en su favor.
Se trata de Marianela Pérez Bedini y Federico Salinas, quienes quedaron bajo la sospecha del Ministerio Público, representado por Eduardo Gallastegui, por haber participado, presuntamente, de las manobras fraudulentas que Storniolo y su esposa Patricia Nacif habrían perpetrado en la venta de 300 lotes en toda la provincia.
Si bien en la audiencia de ampliación de la acusación contra la pareja fueron sumados a la causa como nuevos imputados y recibieron la prisión domiciliaria, a pedido de sus defensas, los profesionales consiguieron cesar con la medida preventiva, en un caso, y ablandarla en el otro. Es que Pérez Bedini, que se hallaba detenida en su casa, quedó en libertad mientras que Salinas dejó la cárcel para continuar en prisión aunque en su domicilio.
A pesar de que Gallastegui había solicitado que ambos siguieran privados de la libertad, con el fin de proteger la investigación y que la misma no sea vea entorpecida por su accionar, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi ordenó la libertad de la mujer y la prisión domiciliaria del sujeto que se desempeña en el ámbito inmobiliario, por los próximo cuatro meses.
El viernes último, el arquitecto y esposo de la recién liberada, Diego Reta, también imputado en la causa, consiguió que fuera enviado a su casa bajo la modalidad de prisión preventiva, ya que el magistrado consideraba una buena señal que intentara llegar a un acuerdo con los denunciantes, según comentaron fuentes allegadas.
A medida que avanzó la instrucción, el fiscal entendió que había elementos de prueba que complicaban a otros actores y por ello sumó a otros siete imputados, entre ellos Reta, Pérez Bedini y Salinas. Además de estos profesionales, acusó a Ricardo Sánchez Montilla, Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo.
Todos los involucrados están sospechados de estafa reiteradas, por un perjuicio económico llegaría a unos 27.000 millones de pesos. En la causa, se desprende que cumplían diferentes roles y eran parte de la maniobra de embaucar a los denunciantes en los diferentes proyectos inmobiliarios. Desde el MPF manifestaron que en estas acciones se pudieron apreciar una sobreventa cuantitativa de lotes. Expresaron que hay terrenos que se han vendido hasta cinco veces. En varios de los barrios se vio esta maniobra cuando los supuestos propietarios se encontraban en el mismo lote diciendo que era suyo.
Según el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Storniolo es el más complicado por la cantidad de denuncias que pesan sobre él: en total son 17.