En un procedimiento que refleja la gravedad de la violencia en los hechos por justicia por mano propia, la Justicia local condenó a través de un juicio abreviado al reconocido boxeador sanjuanino Ezequiel “Pac Man” Fernández (35) y a su hermano, Ángel Bernardo Fernández (44). Ambos esquivaron la prisión efectiva debido a su falta de antecedentes penales, pero quedaron marcados por una gravísima causa judicial que expuso un violento accionar de características delictivas.
La investigación penal preparatoria estuvo liderada por la fiscal Daniela Pringles y los ayudantes fiscales Ana Paula Amarfil y Rodrigo Herrera, de la UFI Genérica, quienes lograron acreditar la autoría de los hermanos en una violenta incursión armada impulsada por la sed de venganza y la "justicia por mano propia". Por su parte, la defensa de los acusados estuvo en manos de los abogados César Jofré y Eduardo Núñez.
Los hechos que ventilaron el perfil más oscuro del púgil sanjuanino ocurrieron el pasado 27 de abril, en horas del mediodía. Bajo el convencimiento de que ciertos efectos que les habían robado se encontraban en el interior del barrio Los Toneles, en Chimbas, los hermanos Fernández decidieron obviar los canales legales e iniciar una cacería. A bordo de una camioneta Toyota Hilux, y acompañados por dos menores de edad, los imputados arribaron al complejo habitacional con un claro fin de búsqueda e intimidación. Alrededor de las 14:30 horas, los denunciados individualizaron una vivienda donde se encontraba una mujer junto a sus sobrinos menores de edad.
El ataque fue inmediato y de una agresividad desmedida. En un primer momento, Ángel Fernández descendió del vehículo e increpó duramente a la mujer exigiéndole la devolución de lo robado, a pesar de que la víctima suplicaba y aseguraba no tener relación con ningún ilícito. Acto seguido, la violencia escaló cuando bajó de la camioneta el deportista Ezequiel "Pac Man" Fernández portando un arma de fuego de grueso calibre y al grito de: “¡Negra culiada, las cosas están acá!”. Ante los gritos de auxilio de la mujer, quien intentó filmar la secuencia con su teléfono celular para resguardarse, el boxeador ordenó a los suyos meterse a la propiedad, por lo que los imputados y uno de los menores invadieron el domicilio.
Al percatarse de que la mujer los estaba registrando, uno de los atacantes exclamó que debían quitarle el celular porque los estaban filmando y los iban a arruinar. Para arrebatarle el dispositivo, los atacantes llegaron al extremo de golpearla en el pecho y bajarle los pantalones a la fuerza para revisarla, tocando sus partes íntimas en el forcejeo. Esta humillación física y vejación, si bien la víctima no la denunció formalmente como delito autónomo de abuso sexual, agravó notablemente el contexto de la agresión.
Ambos hermanos contaban con un arraigo laboral estable en el Sindicato Empleados de Comercio (SEC). Ezequiel Fernández se desempeñaba desde hacía 16 años en el área de maestranza y mantenimiento, mientras que Ángel cumplía la misma función desde hacía 9 años y ejercía además como entrenador en el tradicional Club Mocoroa. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas de la UFI Genérica y desnudó el peligro latente de la situación fue el armamento secuestrado, ya que durante los allanamientos a "Pac Man" Fernández se le incautó una pistola marca COLT calibre .45, catalogada legalmente como arma de guerra, de la cual no poseía ningún tipo de documentación ni autorización legal para su tenencia.
Frente a la contundencia de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal, las defensas optaron por un juicio abreviado reconociendo la autoría de los graves hechos. En el caso de Ezequiel “Pac Man” Fernández, fue penado en calidad de coautor por los delitos de robo simple, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio y tenencia ilegal de arma de guerra. Por su parte, Ángel Bernardo Fernández recibió la misma atribución de coautoría por los delitos de robo simple, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.
Finalmente, el juez de Garantias Javier Figuerola homologó el acuerdo que fijó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para ambos hermanos, un beneficio otorgado exclusivamente por su condición de autores primarios por la falta de antecedentes penales computables, lo que les permite mantener la libertad bajo estrictas reglas de conducta. Entre las medidas accesorias dictadas por la Justicia se dispuso el decomiso inmediato del arma de fuego Colt .45 junto con los cargadores y las balas secuestradas, además de una estricta prohibición de acercamiento hacia la denunciante y hacia el domicilio del barrio Los Toneles donde ocurrió el ataque, debiendo respetar un radio de exclusión no menor a los 200 metros bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.