Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Sin embargo, antes del inicio del debate, los abogados defensores Fernando Bueno de la Cruz, Leonardo Miranda y Jorge Olivera Legleu dieron a conocer que querían llegar a una solución alternativa del conflicto. La defensa expresó los términos del acuerdo, que consistía en una reparación integral a favor del denunciante (ya que el delito se cometió contra el patrimonio de una persona).

En consecuencia, el tribunal colegiado compuesto por Hugo Echegaray, Daniel Doffo y la jueza Carolina Pereira suspendió hasta mañana la audiencia, otorgándole a la defensa que hagan el escrito de tal petición.

Cabe destacar que la Fiscalía, representada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, expresó que estaba en contra de tal petición de la defensa.

Una de las condiciones de la defensa era que querían comunicarse directamente con el denunciante. La Fiscalía se opuso a esta petición expresando que no podía tener contacto directo y solicitaron que la defensora oficial federal Gema Guillén esté presente.

Finalmente, el presidente del Tribunal dio a lugar y en las próximas horas habrá una reunión entre las partes y el denunciante. Se le hará conocer esta petición de la defensa y él definirá si hace lugar a o no. La audiencia se retomará este jueves.

Estos son los cuatro policías apuntados

Su cara no se había dado a conocer nunca y recién en este inicio de debate sobre mostrados públicamente. Estos son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito (el de la izquierda de la imagen con lentes), el sargento Gabriel Ángel Puca (con traje), el cabo primero Marcos Horacio Altamirano (remera verde) y el cabo Matías Leonel Vega Ante (remera roja).

La acusación del Ministerio Público Fiscal

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal federal Fernando Alcaraz, los hechos se iniciaron en la noche del 23 de abril de 2024, cuando personal de la Policía Federal se presentó en el Control Fitosanitario de Vallecito, sobre la Ruta Nacional 141, y anunció que realizaría controles vehiculares. La presencia quedó asentada por los trabajadores del puesto sanitario, aunque no existía orden judicial ni comunicación previa a ninguna autoridad.

Ya en la madrugada del 24 de abril, alrededor de las 00.40, ingresó al control el camión Volvo conducido por Isaías Eusebio Arce, que viajaba desde Tucumán hacia Mendoza. Tras abonar el ticket sanitario y avanzar unos metros, el chofer fue interceptado por los efectivos, quienes le ordenaron detenerse a un costado del camino para revisar la cabina del vehículo.

Los policías inspeccionaron bolsos y compartimientos laterales y hallaron varias bolsas con dinero en efectivo. En total eran $31.000.000 que Florentino Condorí Carreño, propietario del camión, le había entregado a Arce para el pago de proveedores en la provincia de Mendoza.

Siempre según la acusación, el operativo derivó en una situación de intimidación. Los efectivos retuvieron el teléfono celular del chofer, accedieron a sus conversaciones privadas de WhatsApp y lo increparon con frases como “estás hasta las manos, no podés andar con tanta plata” y “estos traen algo más”, acusándolo de actuar como “puntero” por intercambiar mensajes con otros camioneros sobre el estado de la ruta, de acuerdo con el expediente.

En esas circunstancias fue que los policía le informaron que solo podía continuar viaje con $11.000.000 y que los $20.000.000 restantes serían secuestrados para ser puestos a disposición de un juzgado federal, declaró el chofer norteño. Para ello confeccionaron un acta sin testigos, sin firmas válidas y sin entregar copia, tomaron fotografías del procedimiento y se retiraron del lugar con el dinero, que nunca fue ingresado al circuito judicial ni policial, de acuerdo con el fiscal.

Al día siguiente, el 25 de abril de 2024, Florentino Condorí Carreño arribó a San Juan y se presentó en el Juzgado Federal para reclamar por el dinero retenido por los federales. En ese momento, las autoridades judiciales le confirmaron que no existía ningún procedimiento con el secuestro de grandes sumas de dinero, por lo que se le recomendó radicar la denuncia, hecho que dio origen a la investigación.