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SUSCRIBITE Si bien había expectativa por lo que el Tribunal de Impugnación podía resolver respecto a la causa contra Mario Parisí, el funcionario judicial acusado por violencia de género, el fallo del juez Benedicto Correa sorprendió a propios y extraños porque apartó, una vez más, al magistrado de Garantías que intervenía.
Aunque se esperaba que decidiera si concedía el pedido de probation o no para el imputado, la autoridad evitó referirse a la cuestión de fondo y argumentó que la jueza Celia Maldonado fundamentó de manera errónea el rechazo a la suspensión de juicio a prueba, que impulsa la defensa.
En medio de un tenso clima y con el imputado ausente (algo habitual en las audiencias técnicas), Correa decidió apartar del proceso a Maldonado, tal como lo hizo con Matías Parrón, el primer magistrado que actuó en la causa. Por "omisiones al tratamiento de argumentos que son contrarios con la legislación con garantías constitucionales", entendió que otro juez debe analizar la solicitud de los defensores porque -según su óptica- Parrón y Maldonado no argumentaron correctamente sus fallos.
Con esto, la causa se extiende en el tiempo, ya que se estima que el Ministerio Público y la querella acudirán a la Corte de Justicia. La especulación sostiene que no sólo apelarán la sentencia, sino que recusarán al juez de Impugnación por obrar en detrimento de los plazos que se manejan en el caso.
Si bien de manera oficial ninguna parte ha explicado cuál es el riesgo real de prescripción, dado que el próximo 24 de noviembre se cumplen los dos años de la denuncia, un manto de dudas cubre el caso y se afianzan las sospechas de que la causa pueda caer. Sobre esto, la denunciante reconoció no saber con certeza qué será lo que va a pasar.
En una extensa lectura de la resolución, Correa señaló que la probation no es un beneficio. Destacó que la resolución alternativa de conflicto, a la que se opone el fiscal de CAVIG Roberto Ginsberg y la fiscal de Impugnación Marcela Torres, es un castigo que se comporta como una pena.
Como ya lo había expresado en anteriores ocasiones, Correa manifestó que la política criminal del MPF -que impide que los acusados por violencia de género obtengan la probation- no es suficiente argumento para rechazarla. Además, destacó que el objetivo de la medida alternativa es resocializar al imputado, evitar que cometa otra vez el delito, que sea estigmatizado y a la víctima le da protagonismo en el proceso, puesto que recibe una reparación al daño causado.
Sobre la probation -también conocida como suspensión de juicio a prueba-, indicó: "Es un derecho de la persona sometida al proceso. El juez y el fiscal deben ser gestores de la paz". En otro pasaje de su lectura, el juez de Impugnación aseguró que se debe evitar la persecución penal.
Para Nasser Uzair y Fernando Castro, defensores de Parisí, sería clave conseguir la probation puesto que -pese a la suma económica que ofreció y las tareas comunitarias que proponía- sus antecedentes penales quedarían sin ningún tipo de registro.
El hecho de que la denunciante se negara al acuerdo de solución alternativa, para Correa, tal cuestión no debió ser vinculante para Maldonado. "Aún si se hubiera opuesto la víctima, la jueza podría haber dado lugar a la probation. El fallo tiene un déficit", destacó.