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Tras el video viral

El mendocino que dijo que pagó una coima y dos policías sanjuaninos fueron imputados

La Justicia investiga el hecho que fue denunciado en las redes sociales por uno de los implicados. Qué penas y castigos recibirían, si los hallan culpables.

Por Luz Ochoa

Después de haber sido viral en las redes sociales, el mendocino que afirmó que pagó una coima en el control de San Carlos y los dos policías sanjuaninos que estaban de turno fueron imputados por la Justicia este viernes por la mañana y, aunque continúan en libertad, afrontan una pena que podría llevarlos tras las rejas.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, solicitó 3 meses de Investigación Penal Preparatoria para establecer si lo, que Ignacio Castro denunció, realmente sucedió. Es que el periodista oriundo de Mendoza había asegurado que tuvo que sobornar a dos efectivos policiales para que lo dejaran pasar, ya que contaba con la RTO vencida.

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Es por eso que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio y un mes y medio después del revuelo que se generó, cuando el hecho trascendió, se formalizó la causa contra los tres implicados, imputados por los delitos de cohecho activo y cohecho pasivo.

Castro está en la mira por la figura penal encuadrada en el Artículo 258, que castiga la conducta de pagar una coima (cohecho activo); mientras que los uniformados, identificados como Micaela Estrella y Lucas Artazo, están acusados por el Artículo 256, que refiere al efectivo corrupto que recibe la coima (cohecho pasivo).

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Los policías apuntados por el mendocino, frente al juez de Garantías

Los policías apuntados por el mendocino, frente al juez de Garantías

Si bien el juez de Garantías Federico Rodríguez resolvió que continuaran en libertad, a todos les fijó medidas coercitivas que los obliga a permanecer a derecho y a presentarse en sede policial, una vez por mes. Es que los tres podrían recibir una pena que va de 1 a 6 años de prisión.

Incluso, para los policías las consecuencias podrían ser peores, ya que podrían recibir la inhabilitación perpetua a ocupar cargos como funcionarios públicos. Es decir, que de resultar culpables de los ilícitos que se le endilgan, hasta podrían ser cesanteados de la Fuerza de Seguridad.

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