Ahora sí está en problemas el extécnico de fútbol del Club Unión de Villa Krause. La UFI Delitos Informáticos y Estafas imputó formalmente a Gastón Solera por la presunta estafa de $60.000.000 con la venta de una casa y dos vehículos que nunca entregó. Esta causa se inició a principios de este año, pero el exentrenador consiguió frenar el proceso penal mediante un acuerdo firmado en abril último, en el que prometió devolver el dinero a los dos denunciantes. Sin embargo, incumplió con lo pactado.
Solera, policía retirado y conocido por haber dirigido la primera división del Club Unión, compareció el jueves último en Tribunales ante el juez de garantías Pablo León. El fiscal Guillermo Heredia y el ayudante fiscal Gabriel Blanco expusieron que el acuerdo de solución alternativa suscripto el 27 de abril había quedado sin efecto por falta de cumplimiento y, en consecuencia, formularon la imputación en su contra por el delito de estafa, en dos hechos.
El magistrado dio por habilitada la investigación penal preparatoria por el plazo de 12 meses. También resolvió que Solera continúe en libertad, aunque sujeto a medidas de coerción, entre ellas la prohibición de acercarse a los denunciantes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes en la comisaría correspondiente a su domicilio.
El escándalo que envuelve a Gastón Solera empezó con un negocio que hizo con el expolicía Martín Leites, a quien le ofreció la venta de una vivienda del barrio Del Bono, en Capital. Según la investigación, aseguró que había adquirido el inmueble en un remate judicial y que podía vendérselo por un valor inferior al de mercado. Convencido de la operación, el denunciante le entregó en total 43.000.000, mediante transferencias bancarias, dólares y dinero en efectivo. El problema fue que el extécnico no entregó la casa y, con el paso del tiempo, Solera dejó de responder sus llamados. Después se constató que esa propiedad tenía dueño.
El segundo hecho tiene como damnificado al también expolicía Néstor Vargas. Según la imputación fiscal, Solera le ofreció la compra de una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok que, supuestamente, serían rematadas por el Poder Judicial. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, la víctima le entregó primero $2.000.000 y luego otros $800.000 para concretar la operación. Años más tarde, en 2024, volvió a transferirle $75.000 después de que le aseguraran que el remate estaba próximo a realizarse.
La fiscalía sostiene que, para mantener el engaño, personas que se identificaban como supuestos funcionarios del "Noveno Juzgado Civil", bajo los nombres de "doctor Perea", "doctora Lucero" y "Galdeano", se comunicaban con Vargas para informarle que solo restaban trámites administrativos antes de la entrega de los vehículos. Lo concreto fue que las camionetas nunca aparecieron y el dinero jamás fue restituido.
Las dos denuncias derivaron en una causa por un perjuicio económico cercano a los $60.000.000. En abril pasado, Solera evitó la imputación al firmar un acuerdo de reparación integral por el que se comprometía a devolver ese dinero en diez cuotas mensuales. Como incumplió ese compromiso, la fiscalía dio por caído el convenio y avanzó con la formalización de la investigación penal por dos hechos de defraudación.