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miércoles 22 de abril de 2026

TOF

Declaran culpable por trata de personas a la familia gitana santafesina que retuvo y explotó a una adolescente en San Juan

El próximo viernes se realizará la audiencia de cesura para la fijación de la pena. Cabe destacar que la sanción que podrían recibir los tres acusados oscila entre 10 y 15 años de cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso de la familia gitana oriunda de Santa Fe que llegó a juicio acusada de retener y explotar a una adolescente proveniente del sur del país. En esta ocasión, el juez federal Daniel Doffo los declaró responsables del delito de trata de personas (Artículos 145 bis y ter del Código Penal), tal como lo habían solicitado en los alegatos el fiscal federal Fernando Alcaraz y su auxiliar fiscal Virginia Rodríguez y la representante de PROTEX, fiscal Alejandra Mángano.

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Representantes del MPF de izquierda a derecha: representante de PROTEX, fiscal Alejandra Mángano, fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez

Ante esta resolución, la causa pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes (a las 10 horas), cuando se realizará la audiencia de cesura para la determinación de la condena. Ese mismo día, el magistrado también daría a conocer el veredicto, expresaron desde el Tribunal Oral Federal (TOF).

En el banquillo de los ahora declarados culpables está la pareja identificada como C.A.C. (45), C.I.C. (46) y su hijo C.F.G.C. (23). Cabe destacar que los representantes del Ministerio Público en la acusación solicitaron penas de 14 años de prisión para el matrimonio y de 11 años para el joven. De igual manera, podrían hacer otro pedido en la cesura.

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Juez Daniel Doffo.

Según la acusación, el caso se remonta a marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la víctima -que en aquel entonces tenía 13 años- fue sometida a una unión bajo el rito gitano con un joven de 20 años. Para la fiscalía, ese hecho constituyó una forma de captación en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La investigación también sostiene que dicho vínculo incluyó el pago de 825.000 pesos por parte de los parientes del joven a los progenitores de la menor, lo que es interpretado como un mecanismo de captura con fines de explotación. Luego, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde habría sido víctima de vejaciones laborales y sexuales, además de violencia física y psicológica.

En diciembre de 2024, el matrimonio santafesino viajó a San Juan y dejó a su hijo, junto a la damnificada y a su bebé, con la familia de la chica en el Barrio La Capilla, en Capital. Durante aproximadamente cuatro meses, la joven pareja permaneció en ese entorno familiar.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 5 de abril de 2025, cuando el matrimonio santafesino regresó a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la menor. Según la investigación, la obligaron a subir a una camioneta y, durante el trayecto, la adolescente intentó escapar con su hijo en una estación de servicio de Caucete. La situación derivó en un llamado al 911 y en un operativo que terminó con la interceptación del vehículo en la Ruta 141, a la altura de Caputo, donde la víctima fue finalmente rescatada.

Los puntos clave de este caso de trata de personas

Es un fallo que marca un precedente en la justicia argentina, porque fue un caso de trata y explotación de personas con agravantes extremos. La víctima, una adolescente de apenas 13 años perteneciente a la comunidad gitana, fue tratada como un "objeto" y sometida a un régimen de esclavitud por parte de un hombre de 23 años.

Según la acusación, los imputados se aprovecharon de la vulnerabilidad extrema de la menor para forzarla a una convivencia que escondía múltiples formas de explotación:

Un precedente judicial ya que tuvo apoyo nacional

El caso tuvo la presencia de la PROTEX. Es la primera vez que una representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (con sede en Buenos Aires) participa activamente en el debate en esta provincia, lo que demuestra la relevancia federal del caso. También hubo colaboración con la Justicia de San Juan porque prestó apoyo clave a través del ANIVI, donde se realizó la Cámara Gesell a la víctima. La psicóloga que asistió a la menor fue la primera testigo en declarar, ratificando los daños sufridos por la víctima.

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