En lo que fue calificado por fuentes tribunalicias como una jornada infrecuente para los pasillos de Tribunales, la causa que investiga el brutal crimen de Emir Barboza, ocurrido en el barrio Valle Grande de Rawson, sumó este miércoles un capítulo procesal clave. Un Tribunal de Impugnación con una conformación distinta a la que había intervenido previamente dictó la liberación de uno de los implicados, modificando el escenario de detención que pesaba sobre los sospechosos.
La resolución se dio en el marco de una audiencia atípica en la que se revisó la situación de seis de los imputados en la causa: Dante Carrizo, Jonathan Carrizo, Gonzalo Orostizaga, Gonzalo Santander, Alan Bazán y Cristian Guajardo. Tras analizar los planteos interpuestos, el tribunal unipersonal de Impugnación, compuesto en esta oportunidad por el magistrado Benedicto Correa, resolvió morigerar la medida de prisión preventiva únicamente respecto de Cristian Guajardo, quien consecuentemente recuperó la libertad bajo estrictas pautas de conducta. En tanto, los cinco imputados restantes continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.
La estrategia que derivó en este resultado fue impulsada por los abogados defensores de los acusados. Los letrados acudieron a este recurso técnico luego del duro revés sufrido en mayo de este año. En aquella oportunidad, el juez de Impugnación Daniel Guillén había revocado un fallo previo de la jueza de Garantías, Mabel Moya -quien había otorgado beneficios procesales a los acusados-, y ordenó de manera tajante que los siete implicados que tiene la investigación penal retornaran tras las rejas bajo la modalidad de prisión preventiva.
Frente a la solicitud de las defensas en esta nueva instancia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Silvina Gerarduzzi, quien fundamentó la postura del órgano acusador orientada a mantener la vigencia de las medidas de coerción privativas de la libertad para resguardar los fines del proceso.
El recurso del "doble conforme"
La excepcionalidad de la audiencia radicó en la aplicación de la garantía procesal conocida como el “doble conforme” horizontal. Según explicaron fuentes judiciales, este mecanismo legal se activa para asegurar que un justiciable tenga el derecho a que una resolución desfavorable sea revisada por un tribunal jerárquico o par de idéntica naturaleza antes de verse obligado a recurrir a la vía extraordinaria de la casación ante la Corte de Justicia. Al modificarse sustancialmente su situación de libertad por el fallo del juez Guillén en mayo, los imputados adquirieron el derecho a que otro tribunal de la misma jerarquía reevaluara dicha orden.
Este entramado procesal reconoce antecedentes de relevancia en la jurisprudencia local reciente. Un claro ejemplo de ello ocurrió en la causa contra el sacerdote Walter Bustos. En ese caso, un tribunal de juicio lo había absuelto por mayoría; posteriormente, un Tribunal de Impugnación dio vuelta el fallo inicial y lo condenó a la pena de 10 años de prisión. Ante el cambio adverso de su situación, la defensa del religioso invocó el beneficio del "doble conforme", lo que obligó a que un segundo y diferente Tribunal de Impugnación revisara la condena, la cual finalmente terminó siendo ratificada.
Con la reciente resolución adoptada por el juez Correa, la causa por el homicidio de Emir Barboza ingresa en una etapa de definiciones. El fiscal de UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, expresó que se siguen recolectando pruebas para presentar la acusación formal.