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miércoles 8 de abril de 2026

Resolución

Condenan a policías federales por el robo de $20 millones: recibieron 3 años de prisión y quedaron libres

En un fallo unánime, el tribunal consideró cumplido el tiempo de detención efectiva tras más de un año de prisión preventiva, otorgándoles la libertad inmediata bajo los beneficios de la condena.

Por Redacción Tiempo de San Juan

En una jornada cargada de tensión en el Tribunal Oral Federal de la provincia, los cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) implicados en el robo de 20 millones de pesos a un camionero salteño finalmente fueron sentenciados. En un fallo unánime, los jueces les impusieron la pena de 3 años de prisión efectiva.

Los magistrados Hugo Echegaray (presidente), Daniel Doffo y Eliana Beatriz Ratta responsabilizaron al oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, al sargento Gabriel Ángel Puca, al cabo primero Marcos Horacio Altamirano y al cabo Matías Leonel Vega Ante por el delito de robo simple, agravado por su condición de miembros de una fuerza policial, en calidad de coautores.

En la misma resolución, el presidente del tribunal resolvió otorgarles la excarcelación, ya que tuvo en consideración el tiempo que llevaban presos (más de un año). Por tal razón, explicaron que se les concedió dicho beneficio.

Embed - Así fue la condena a los policías federales

Al leerse la resolución, los cuatro policías -que insistieron en su inocencia- se saludaron con sus abogados y luego con sus familiares, que no faltaron a ninguna audiencia. En las últimas palabras, los cuatro efectivos se acordaron de sus allegados y les pidieron disculpas por lo que vivieron.

Los abogados defensores Fernando Bueno de la Cruz, Leonardo Miranda y Jorge Olivera Legleu dejaron en claro que esperarán los fundamentos correspondientes y expresaron que apelarán en casación.

Los magistrados en su resolución también se refirieron al pedido de reparación que hizo el fiscal del caso Fernando Alcaraz, que exigió una reparación integral de $41.000.000. De igual manera, el tribunal solicitó que se haga una audiencia para hacer un cálculo exacto para saber cuánto se le debe devolver al camionero de Salta.

Las últimas palabras de los cuatro policías federales

"Pensábamos que nos iban a sobreseer"

Uno de los testimonios más contundentes fue el del cabo primero Marcos Horacio Altamirano, quien se refirió a los intentos previos de alcanzar una reparación económica con la víctima para evitar el juicio:

"Pensábamos que nos iban a sobreseer si devolvíamos ese dinero. La idea fue salir sobreseído, pero nosotros no tenemos esa plata y solo nos queda trabajar para hacerla. Tenía que salir para ir a pedir prestado", confesó Altamirano.

Además, el efectivo remarcó que las audiencias fueron, a su criterio, la clave para revelar la verdad: "En el único lugar que se iba a saber era en el juicio. Con las audiencias se demostró que somos inocentes; hubo muchas contradicciones de la parte denunciante".

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Altamirano

El dolor de las familias y la carrera "manchada"

Los demás imputados también hicieron hincapié en el daño que sufrieron sus familias. El cabo Matías Leonel Vega Ante recordó con amargura la fecha del operativo: "Ese 26 de abril me arruinó la carrera y mi vida porque era el cumple de mi hija. Una denuncia nos arruinó y nos manchó".

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Vega

Por su parte, el sargento Gabriel Ángel Puca expresó que su mayor pesar fue ver a su madre tener que viajar para visitarlo en el penal. "Siempre estuvimos en el lugar haciendo una tarea que no se llevó a cabo. Quise llegar al debate porque se iba a saber la verdad", sostuvo.

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Puca

Finalmente, el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, quien proviene de una familia con tradición en la fuerza, cerró con un relato personal: "Mi familia es toda parte de la Policía Federal, era lo único que quería ser". "Tengo un expediente ejemplar y he perdido muchas cosas por estar en la policía". "Conocí a mi único hijo estando preso. Nunca hicimos nada".

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Barbeito

Denuncias de confidencialidad

Un punto que generó sorpresa fue la mención a presuntas presiones internas. Según se expuso en la sala, existen más de 20 víctimas que habrían pasado por situaciones similares y se denunció que la propia institución les habría hecho firmar un documento de confidencialidad respecto a ciertos procedimientos

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