Comenzó el juicio contra la familia gitana santafecina que es apuntada por un caso de trata de una adolescente

En el banquillo de los acusados se encuentran C.A.C. (45), C.I.C. (46) y su hijo C.F.G.C. (23), todos provenientes de la localidad santafesina de Cabaña Leiva. Los dos hombres llegan al proceso con prisión preventiva, mientras que la mujer cumple arresto domiciliario. El tribunal está integrado por los jueces Daniel Alejandro Doffo, Hugo Carlos Echegaray y María Carolina Pereira.

La acusación es llevada adelante por el fiscal federal Fernando Alcaraz junto a la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, quienes encabezaron la investigación.

Según la causa, los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima tenía 13 años y fue sometida a una unión bajo rito gitano con un joven de 20 años. Para la fiscalía, ese episodio constituyó una forma de captación en un contexto de vulnerabilidad.

El expediente también señala que esa unión incluyó el pago de 825.000 pesos por parte de la familia del joven a los padres de la menor, lo que es considerado por los investigadores como un elemento de captación con fines de explotación. La defensa sostiene que se trató de una práctica cultural y niega la existencia de delito.

De acuerdo con la acusación, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde habría sido sometida a explotación laboral y sexual durante varios años, además de sufrir violencia física y psicológica. Entre otras situaciones, habría sido obligada a realizar tareas domésticas, venta ambulante y trabajos incluso durante el embarazo.

El caso

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos se iniciaron entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la víctima de 13 años -hoy tiene 16 años- fue sometida a una unión matrimonial bajo el rito gitano con su primo, que en ese entonces tenía 20 años. Para los investigadores, esa situación constituyó una forma de captación en un contexto de vulnerabilidad.

El expediente también señala que esa unión incluyó el pago de 825.000 pesos por parte de la familia del joven a los padres de la menor, lo que para la fiscalía constituye un elemento de captación con fines de explotación, informaron fuentes judiciales La defensa sostiene que se trató de una práctica cultural.

A partir de ese momento, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde -según la acusación- fue sometida a explotación laboral y sexual durante varios años. Entre otras situaciones, habría sido obligada a realizar tareas domésticas, venta ambulante y trabajos incluso durante el embarazo, además de sufrir violencia física y psicológica.

Según la acusación, la familia santafesina pagó 825.000 pesos por la adolescente, cuando esta tenía 13 años. Después la obligaron a casarse y se la llevaron. Según la acusación, la familia santafesina pagó 825.000 pesos por la adolescente, cuando esta tenía 13 años. Después la obligaron a casarse y se la llevaron.

En diciembre de 2024, el matrimonio santafesino vino a San Juan y dejó a su hijo, junto a la víctima y a su bebé, con la familia de la chica en el Barrio La Capilla, en Capital. Durante aproximadamente cuatro meses, la joven pareja permaneció en ese entorno familiar.

El conflicto se desató hace un año. El 5 de abril, cuando C.A.C. y C.I.C. regresaron a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la pareja y al niño a Santa Fe. Para la fiscalía, lo ocurrido al día siguiente constituye un episodio de captación violenta: los imputados habrían obligado a la joven a subir a una camioneta Ford Ranger y emprendieron el regreso.

En esa situación, la adolescente intentó escapar con su bebé en brazos en una estación de servicio de Caucete. Unas personas que presenciaron la escena y la resistencia de la chica avisaron al 911. Más tarde, una patrulla policial interceptó la camioneta de los gitanos sobre la Ruta 141, a la altura del paraje Caputo, y la joven fue rescatada, revelaron las fuentes.

Para la fiscalía, ese episodio constituye un nuevo hecho de trata de personas, en tanto implicó la captación y el intento de traslado mediante coerción. La defensa, por su parte, sostiene que se trató de un conflicto familiar y niega la existencia de delito.

El fiscal Fernando Alcaraz, junto a la titular de PROTEX, Alejandra Mángano, imputan a los acusados por el delito de trata de personas agravada por la edad de la víctima. En ese sentido, adelantaron que solicitarán penas de 14 años de prisión para los adultos y de 11 años para el joven, en caso de que el tribunal dicte una condena.