A dos años del inicio del mega juicio por expropiaciones y con algunas defensas renovadas, arrancaron los alegatos

Los representantes del Ministerio Público expusieron los fundamentos por los que solicitarán una pena de entre 10 y 15 años de prisión para el imputado señalado como el cabecilla de la asociación ilícita, Santiago Graffigna. Además de él, hay otros 12 imputados, entre ellos, ex jueces, abogados y ex funcionarios públicos, que están sospechados de haberse organizado para inflar los precios de los terrenos expropiados y de alzarse con sumas millonarias, como consecuencia.

Con las defensas de cuatro imputados renovadas, se plantearon los primeros puntos que sostienen la acusación. Es que tras la renuncia de la defensa técnica de Adolfo Cravero, Fernando Videla y Julio Fernández, pues Sandra Leveque asumió como funcionaria judicial en la Defensoría Oficial, los procesados se vieron obligados a tener que nombrar a nuevos letrados al frente de su representación. Videla y Fernández designaron a la co defensora, la doctora Arancibia, mientras que Cravero eligió un defensor oficial -quizás con la esperanza de continuar con Leveque- y por ello ese lugar fue ocupado por Hugo Trigo.

Por otra parte, el otro imputado que se vio forzado a realizar cambios en su defensa fue Carlos Macchi tras la renuncia de Leonardo Villalba, que también fue designado a ocupar un cargo dentro del Poder Judicial. Es así que la doctora Laura Reus, que era co defensora, quedó al mando de la defensa del ex juez civil implicado.

Con el tribunal colegiado compuesto por Martín Heredia Zaldo, Silvina Rosso de Balanza y Matías Parrón, se estima que el juicio extienda sus jornadas de alegatos del MPF por las próximas 3 semanas. Luego, está previsto que continúe la exposición de la parte querellante, encarnada por Rubén Pontoriero y que representa a la Fiscalía de Estado. Eso se daría a fines de este mes y, más tarde, se darían los alegatos de las defensas.

Es por ello qué se estima que con lo extensas qué serán las posturas de cada uno de los imputados, se consumirá el 20 24 y recién a principios del 2025 se conocería la resolución del caso que comenzó a ser investigado en 2010. De esta manera, fuentes vinculadas señalaron que la mega causa por expropiaciones se convertiría en el juicio más largo de la historia de la justicia local.

Si bien las audiencias del debate son públicas y la prensa tiene acceso a ellas, tanto periodistas como fotógrafos fueron reubicados en la parte superior del recinto por lo que las imágenes debieron ser tomadas desde la altura, ya que las autoridades policiales no permitieron el acceso del reportero gráfico de este medio a las cercanías de las partes, es decir, de jueces, fiscales, querellantes, defensores e imputados.

Los enjuiciados en la mega causa son: Santiago Graffigna (el abogado procesado como jefe de la asociación ilícita); Ana María Melvin (ingeniera, perito de Fiscalía de Estado); Carlos Macchi (juez destituido por este escándalo); Horacio Alday (el abogado y socio de la asociación ilícita); Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Hugo Bustos, (los tres peritos vinculados a Graffigna:); Mario Díaz (el ex fiscal de Estado); Néstor Adán Ruiz, (el ex empleado de la Dirección de Recursos Energéticos); y Julio César Fernández, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera (los ex integrantes del Tribunal de Tasaciones). Rosalba Marún (ex jueza) había sido procesada, pero falleció y la acción penal en su contra se extinguió.

Todos ellos están acusados por el concurso de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, tentativa de fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, defraudación por ocultamiento o sustracción de medios o elementos de prueba, entre otros delitos que comparten como integrantes o partícipes necesarios de una asociación ilícita, una red de estafa.

El mega juicio comenzó el 19 de octubre del 2022 y a lo largo de las audiencias pasaron todo tipo de testigos. En el medio hubo cruces entre las partes e, incluso, entredichos entre los acusados y quienes fueron llamados a atestiguar. Si bien no está establecido de manera concreta la cifra con la que habría sido defraudado el Estado, estiman que la misma se acercaría a los 10 millones de dólares.