Apremios ilegales: anularon un fallo que solamente condenó con multa al ex director del Penal de Chimbas

El Tribunal Oral Federal -TOF, en adelante-, compuesto por los jueces Eliana Rattá, Alberto Carelli y Daniel Doffo, había condenado al ex director del Penal, Leonardo Barac, y al ex subdirector, Eduardo Mendoza, a la pena de multa de $12.000 cada uno e inhabilitación por un año para cumplir funciones públicas. A su vez, había absuelto al resto de los imputados. Entre ellos, se encontraban: el jefe del Sector 2 del Penal, Andrés Fabián Castro; el ayudante de tercera, Julio Andrés Mercado; el subayudante, Daniel Fabián Mercado; el jefe del Sector 4, Mauricio Agustín Díaz; el médico del servicio y jefe a cargo de la División Sanidad del penal, Rodolfo Fabián Zapata Gómez; el médico José Farja; el encargado del Pabellón N°2 del Sector de Máxima Seguridad, Marcelo Díaz; el psicólogo penitenciario Alejandro Reinoso; y el penitenciario José Sebastián Tapparo. Todos librados de culpa con el beneficio de la duda.

Ese fallo del tribunal lejos estuvo de lo solicitado por la querella y por el fiscal Francisco Maldonado, los que pedían condenas de prisión efectiva que iban de los 6 meses a los 2 años y más. Por no satisfacer sus intereses, apelaron la sentencia del TOF. Lo mismo hicieron los letrados Gustavo De La Fuente -defensor de Eduardo Mendoza, ex subdirector- y Damián Villavicencio -defensa de Barac, ex director- ya que, pese a que no los mandaban a prisión, les impedían poder ejercer cargos públicos por un año. Todo quedó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ese tribunal superior, compuesto por el polémico juez Juan Carlos Gemignani y otros dos camaristas, decidió dar lugar a lo solicitado por el fiscal y la parte querellante, y anular la resolución del TOF. A su vez, pidieron que se dicte una nueva sentencia. Por otro lado, desestimaron los pedidos de los defensores De La Fuente y Villavicencio. Solamente zafó el personal médico que estaba imputado y que el TOF había absuelto: Alejandro Reinoso, José Farja y Rodolfo Fabián Zapata Gómez. El resto deberá recibir una nueva sentencia.

Este medio charló con algunos de los defensores y demostraron su gran descontento por el fallo. Uno de ellos, Carlos Bula, afirmó que no hay fundamentos suficientes para anular esta sentencia. "Ellos -por los camaristas federales- no cursaron el proceso, no estuvieron presentes. Tiene que surgir una nulidad manifiesta, muy evidente para anular un fallo", expresó el letrado.

Entre los fundamentos, los camaristas sostuvieron que las pruebas no fueron evaluadas correctamente y que son funcionarios públicos los que están siendo juzgados, por lo que debería prestarse mayor atención al caudal probatorio.

Los defensores, en primer lugar, aguardaran a lo que resuelva el Tribunal Oral Federal y luego se reunirán para decidir qué medidas tomarán ante el fallo de cámara. No descartan presentarse ante la Corte de Justicia, la última instancia judicial.

El hecho

Fernández Santa Lucía había denunciado que otros internos lo habían golpeado salvajemente, el pasado 25 de junio de 2013, en el pabellón 9, sector 2. Debido a esto, tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Marcial Quiroga.  Por este hecho, el damnificado denunció que los ex directores del Penal retardaron su traslado al hospital para que le realizaran un estudio neurológico vital, por el que había sufrido severas consecuencias en su salud. Asimismo, afirmó que los penitenciarios no hicieron nada para frenar la golpiza y que, en el Penal, no tuvo la atención médica correspondiente.

¿Quién es Fernández Santa Lucía?

Cayó preso en una redada por presunta trata sexual de su cuñada de 14 años, el 9 de mayo de 2012, pero cuando llegó a juicio -el 26 de agosto de 2015- el Tribunal Federal  lo absolvió de ese delito y lo sentenció a 4 años de cárcel por tenencia y acopio ilegal de armas.

Sin embargo, antes, en junio de 2014, la Sala lll de la Cámara Penal sí lo encontró culpable de abuso sexual ultrajante de su hijastro de 5 años y lo condenó a 14 años de prisión, después de que una foto secuestrada de su domicilio en el operativo por trata destapara tal aberración. 

La tercera condena que recibió fue de parte de la Justicia Correccional por un hecho ocurrido el 11 de abril de 2017. La jueza Mónica Lucero lo penó a un año por amenazas simples contra dos médicas del Penal, a quienes les amedrentó. Una de las víctimas le escuchó decir: "Cuando yo salga voy a hacer desaparecer a los hijos de esas dos".