Alquiler fantasma en San Juan: el desalojo a un departamento vacío, la clave del engaño

Acorde al relato de la damnificada, en julio de 2013, con su marido firmaron el contrato de alquiler para vivir en uno de los departamentos del consorcio situado en Las Heras y 9 de Julio, en Capital, con una supuesta administradora identificada como 'Andrea López', quien luego les habría admitido ser la dueña del inmueble. A pesar de los problemas de inseguridad y desencuentros con la arrendadora, en julio de 2015 decidieron renovar el contrato que había finalizado por 6 meses más, bajo la nueva legislación de alquileres.

Según explicó Rojas, el tiempo estipulado en el contrato terminó por lo que desocuparon el departamento y cuando intentaron hacer el último pago no pudieron concretarlo, pues el estudio jurídico -con dirección en calle Mitre- donde siempre pagaban estaba de vacaciones por la feria judicial. "Fui tres veces y nunca encontré a nadie. Entonces, para no tener problemas y que todo quede en regla realizamos una carta notarial con la certificación de un escribano que constatara el último pago y la entrega de las llaves", agregó.

En febrero de 2016, la locadora y su familia fueron notificados del procedimiento de sus ex inquilinos y -no conformes con lo sucedido- iniciaron un juicio por cobro de alquiler en un Juzgado Civil y Comercial, el cual falló a favor de los arrendatarios. Hasta ahí, Rojas y su esposo creyeron que la historia había acabado, sin embargo un año después se encontrarían con los embargos. 

Es que mientras se desarrollaba el proceso judicial que resultó favorable para los inquilinos, de forma paralela, según detalla la denuncia presentada en el Cuarto Juzgado de Instrucción por estafa procesal, la dueña del departamento inició en otro juzgado (civil) un juicio por desalojo y, tras no tener ningún tipo de respuesta, ya que todas las notificaciones para regularizar la situación llegaban al departamento vacío, lo ganó en abril de 2017. 

Fue entonces que ejecutaron los bienes de los dos garantes por el cobro de alquiler de más de un año, expensas correspondientes, gastos de honorarios de abogado y de gestión, más intereses. La suma que se embargó en el sueldo de la denunciante, de profesión ingeniera y docente, y en los bienes de una familiar jubilada actualmente supera los 400 mil pesos.  

"Estoy desesperada no sólo porque no tengo ese dinero sino también porque una persona mayor, que en su momento me hizo el favor de figurar como garante en el alquiler también se puede ver perjudicada con esto. A pesar de haber sido víctima de una estafa siento verguenza porque cualquiera que ve mi recibo de sueldo se encuentra con semejante embargo y cree que soy un delincuente. Necesito que se haga justicia. Esta gente es usurera y usa las leyes a su favor", manifestó angustiada la protagonista.

Los denunciados, la dueña del inmueble y su hermano abogado que presentó las denuncias en los juicios por cobro de alquiler y desalojo, pertenecen a una familia conocida en el ambiente judicial y cuyos nombres no se publican para no entorpecer la investigación. "Son violentos, amenazaron y agredieron a mi anterior abogada. Conmigo han tenido fuertes discusiones más de una vez, dicen que son peligrosos y ya demostraron lo que son capaces de hacer", añadió. 

Tras la denuncia, la polémica se enciende: ¿es posible iniciar un desalojo de un inmueble deshabitado? ¿Algún juez permitiría que un abogado tramite un juicio de desalojo, a pesar de que el inmueble ha sido desocupado por los inquilinos? 

Será el juez Martín Heredia Zaldo, que instruye en la causa por el delito de fabricar un juicio de esta naturaleza (estafa procesal), quien arroje luz en este caso. Por el momento, sólo se limitó a llamar a los acusados para que den testimonio de los hechos, aunque no en calidad de sospechosos sino para que aporten información. 

La denunciante, por su parte, aseguró que pueden haber más personas afectadas y que "tarde o temprano van a empezara a acusarlos penalmente".   

¿Quién es Andrea López?

Según explicó la denunciante, es una especia de seudónimo que utiliza la denunciada en el inicio de las operaciones. "Es el segundo nombre y su segundo apellido. Así aparece en los grupos de compra y venta en la provincia, donde ofrece los departamentos y las casas en alquiler", aseguró.