El costo del miedo: por qué las inversiones que Argentina necesita siguen esperando

Hace poco San Juan recibió la visita de Karina Milei, junto a múltiples funcionarios de carácter nacional vinculados a La Libertad Avanza, entre ellos el ministro del Interior Diego Santilli, el secretario de Minería Luis Lucero y otras autoridades nacionales, en el marco de una agenda centrada en el desarrollo minero y las inversiones estratégicas para el país.

La visita también contó con la presencia de distintos gobernadores provinciales, entre ellos Marcelo Orrego, Martín Llaryora, Raúl Jalil, Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, quienes participaron de encuentros vinculados al impulso de la minería y la articulación entre Nación, provincias y sector privado.

Más allá de la carga institucional, esta visita también pudo responder a la necesidad de enviar un mensaje de previsibilidad y continuidad a los inversores, frente a la incertidumbre propia de un escenario electoral y la posibilidad de que regresen proyectos políticos que pongan en duda la continuidad de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Las inversiones de gran escala, especialmente en sectores como la minería, la energía y la infraestructura, dependen profundamente de la estabilidad política y regulatoria. Un proyecto minero requiere inversiones multimillonarias y horizontes de recuperación que pueden extenderse durante décadas. Por eso, las empresas no solo analizan la situación económica actual, sino también la capacidad de un país para sostener reglas claras, estabilidad fiscal y seguridad jurídica en el tiempo.

La magnitud de lo que está en juego no es menor. El monto total ingresado al RIGI entre iniciativas aprobadas y en evaluación alcanza los USD 94.965 millones, con 22 proyectos aún pendientes de aprobación que totalizan USD 67.755 millones, concentrados principalmente en energía y minería. San Juan lidera ese mapa en el sector minero: con 8 proyectos que acumula alrededor de USD 33.000 millones, con proyectos de cobre, oro y plata de escala mundial en distintas etapas de desarrollo.

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre los anuncios y el dinero efectivamente desembolsado. Frente a compromisos de inversión que superan los USD 18.350 millones, los ingresos netos reales al Banco Central apenas alcanzaron USD 762 millones hasta marzo de 2026. La brecha entre lo prometido y lo concretado tiene una explicación que los propios actores del mercado no ocultan.

La analista de Balanz Capital, Melina Di Nápoli, lo resumió con una precisión difícil de ignorar: "en Argentina, la cuestión política siempre tiene mucho peso en el ánimo de los inversores, y cada dos años ese ánimo se derrumba o se anima de acuerdo con el resultado electoral."

Qué ocurriría si en 2027 esa señal se revirtiera. Mills Capital Group ya advirtió que un resultado adverso para el oficialismo podría generar una reacción de pánico con un aumento abrupto del riesgo país hacia niveles difíciles de anticipar. Las respuestas a ese interrogante conforman un escenario que vale la pena examinar en detalle.

El escepticismo de los inversores no nace de la desconfianza en los proyectos en sí, sino de una pregunta en concreto: qué ocurre si el próximo gobierno decide cambiar de rumbo. Algo a lo que la historia argentina está acostumbrada.

Desde que en 1827 dejó de pagar por primera vez los intereses de un préstamo contratado en Londres, Argentina ha caído en default al menos nueve veces, convirtiéndose en uno de los países con mayor número de incumplimientos en los mercados internacionales.

Argentina no solo ha defaulteado muchas veces, sino que también ha demostrado que su política económica puede girar de un extremo al otro en pocos años, ya que depende demasiado de cada gobierno. Eso hace muy difícil pensar en un compromiso de inversión a diez años.

El mecanismo de deterioro, en caso de un cambio de rumbo, seguiría una lógica casi inevitable. Un gobierno que abandone el superávit fiscal como ancla de su política económica y regrese al financiamiento del gasto mediante deuda o emisión, enfrentaría rápidamente un problema de divisas. Sin acumulación genuina de reservas, el pago de los vencimientos de deuda se vuelve insostenible. Y cuando el mercado percibe que un país no puede o no quiere honrar sus compromisos, la respuesta es inmediata: el riesgo país sube, el crédito externo se encarece para el sector público y privado por igual, y las perspectivas de inversión extranjera se deterioran de forma directa.

El temor de los inversores no se limita al riesgo país tradicional. También se refleja en los Credit Default Swaps (CDS), los seguros contra default que se negocian entre privados y funcionan como un termómetro del humor del mercado respecto a la capacidad de Argentina de honrar su deuda. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció en conferencia de prensa que el llamado "riesgo kuka" —es decir, la probabilidad de un regreso del kirchnerismo al poder— es la razón por la cual el riesgo país no cede, aunque él cree que esa probabilidad es cero. "Si bien la probabilidad es baja, el escenario de que eso ocurra es el infierno", afirmó.

Para una empresa minera que necesita financiar una operación de miles de millones de dólares a lo largo de décadas, la diferencia entre un riesgo país de 500 puntos y uno de 1.500 puede significar la viabilidad o el abandono total del proyecto. El costo financiero se multiplica, los plazos se acortan y los socios internacionales se retiran.

A ese escenario se le suma el fantasma del cepo cambiario. En la historia reciente argentina, el control de cambios no fue una decisión ideológica sino una respuesta desesperada a la fuga de reservas. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda y no consigue financiamiento externo a tasas razonables, el cepo aparece como el último recurso para retener los dólares que quedan. El problema es que para un inversor extranjero, el cepo equivale a una trampa: uno de los factores que las empresas extranjeras señalan como condición para invertir es precisamente la apertura del mercado de capitales y la libertad para girar divisas al exterior. Sin esa garantía, repatriar utilidades se vuelve imposible, importar equipos e insumos se complica y la ecuación económica de cualquier proyecto de largo plazo se destruye.

En definitiva, la paradoja que enfrentan los inversores es tan simple como inquietante: el mayor riesgo para los proyectos que Argentina necesita para crecer no es geológico, ni financiero, ni técnico. Los yacimientos existen, el capital existe y la tecnología existe. El único factor que no puede garantizarse en un contrato, ni blindarse con un régimen de incentivos, es la continuidad de las condiciones políticas que hacen posible que todo lo demás funcione. En un país que ha demostrado repetidamente su capacidad para destruir en meses lo que tardó años en construir, esa incertidumbre no es un detalle menor. Es, precisamente, el activo más frágil que tiene Argentina sobre la mesa.