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miércoles 1 de abril de 2026

En la Justicia no hay precios cuidados - Por Valeria Torres, abogada

Por Redacción Tiempo de San Juan
Recientemente el Poder Judicial, a través de la Corte de Justicia dispuso un incremento muy significativo de la Tasa de Justicia. Digo significativo porque solo en lo que va de este año 2014 el incremento es del 100 %, superando toda expectativa inflacionaria.

La Tasa de Justicia es un costo que pagan todos los sanjuaninos  por acceder al “servicio de justicia” y poder peticionar ante la autoridad. En la mayoría de las ocasiones se llega a la instancia judicial como consecuencia de la violación de toda clase de  derechos económicos, civiles, sociales, laborales, etc.

El descontento de la comunidad, fundamentalmente de los abogados, se produce porque se ha duplicado y triplicado – contando años anteriores -  el costo de la Tasa de Justicia y de esta manera se ve seriamente menoscabado el pleno ejercicio del acceso a la justicia  garantizado en la Constitución Nacional (artículo 18).

Un puñado de abogados en defensa del ejercicio profesional interpuso, en defensa de los intereses de la comunidad, un recurso de reconsideración a la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan, para que revea y reconsidere el grado de incremento en el costo, dado que aparece bastante desmedido con relación a los otros incrementos reflejados en el costo de vida, incremento de precios al consumidor, salarios, canasta básica, etc.

El Poder Judicial ha rechazado el Recurso interpuesto por la comunidad de los abogados, mediante el Acuerdo Numero 16/2014 de la Corte de Justicia de San Juan por el cual se desecha el pedido de reconsideración presentado por el  aumento desproporcionado de la tasa de justicia.

Dicha actitud denota que el Poder Judicial se encuentra cada vez más alejado de la comunidad, con una falta de sensibilidad social muy llamativa, ya que con este incremento se dificulta el acceso a la justicia de la ciudadanía en general y no solamente a los abogados.

Así pues, la Corte de Justicia como órgano de poder público, que tiene la obligación de garantizar derechos, produce el efecto inverso impidiendo o dificultando el acceso a la Justicia, generando más antipatía y descontento en la comunidad. Se observa una línea divisoria entre la justicia y la comunidad, desconociendo la realidad por la que está atravesando la sociedad y haciendo cada vez una justicia más “elitista” y  permitiendo que accedan solo aquellos que cuentan con acomodo y recursos económicos. De ahí el viejo refrán “No hay justicia para los pobres”.
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