Recientemente ha desembarcado en San Juan, la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), la cual se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, brindando asesoramiento jurídico gratuito a través del delegado o en forma personal desde la página web o el facebook.
Tutela de consumidores y usuarios - Sebastián Manini. Delegado de Usuarios y Consumidores Unidos
Actualmente, la mayor cantidad de denuncias y consultas que se reciben tienen relación con la telefonía celular. El crecimiento exponencial de este servicio ha generado que el soporte técnico o el servicio de atención al cliente no estén a la altura de las circunstancias.
Otra problemática tiene que ver con las intimaciones abusivas y/o sin causa de empresas de cobranzas. También se reciben denuncias por problemas en el cumplimiento de la garantía legal o convencional de un producto adquirido. Otro problema grave es la práctica abusiva por parte de acreedores de reclamar extrajudicialmente o judicialmente sumas mucho mayores a las adeudadas aprovechándose de la situación de desinformación y desconocimiento del deudor. También se reciben muchas denuncias por engaño o mentiras efectuadas por el vendedor a la hora de ofrecer un producto.
La misión de la ONG es complementar el trabajo que desarrollan las oficinas públicas de Defensa del Consumidor. En líneas generales entendemos que estas oficinas se centran fundamentalmente en la búsqueda de una solución rápida al problema individual que cada consumidor denuncia, quedando en un segundo plano el tema de la prevención (sanciones).
La intensión, es acompañar a ese consumidor o usuario que no solo desea la solución del problema sino que también pretende que se sancione a la empresa a fin de que dicho problema no vuelva a suceder. Hoy hay dos formas para que ello suceda: la imposición de multas a nivel administrativo o la imposición judicial de multas a nivel judicial, comúnmente llamado daños punitivos, que consiste en una multa civil, que se añade a las clásicas indemnizaciones por daños (patrimonial y moral), aplicada en beneficio de la víctima, a los fines de castigar a los proveedores de bienes y servicios que incurran en graves inconductas.
Es importante destacar que el monto que se fije por daños punitivos lo cobra el demandante y no va a un fondo del Estado (como las conocidas multas). Hoy la posibilidad de que el juez aplique una sanción punitiva se ha convertido en un incentivo para que los consumidores con conflictos de escaso monto decidan acceder a la justicia para hacer valer sus derechos.
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