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miércoles 1 de abril de 2026

Un Poder Judicial para la democracia - Por Gerardo Tripolone

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cabeza del Poder Judicial de nuestra Provincia, derrama su poca credibilidad al resto del sistema judicial.

Justo en la semana que se festeja la vuelta de la democracia, Tiempo de San Juan informa una nueva tanda de empleados nombrados sin concurso público.

Parece una costumbre esperar la acordada mensual donde se designará nuevo personal de “maestranza”. De los nombrados, siempre aparece algún apellido de la tradicional familia judicial o alguna conexión que prolonga su linaje en los tribunales sanjuaninos.

Todo queda entre unos pocos. “La Justicia” se reproduce por autopoiesis, sin necesidad de agentes externos. De sus propias entrañas salen nuevos elementos que perpetuan un Poder Judicial lento, mediocre y cada vez más alejado del pueblo.

¿Qué confianza puede depositarse en cinco magistrados que prometieron concursos públicos para ingresar al Poder Judicial y se dedicaron a nombrar gente a dedo sin ruborizarse? ¿Qué legitimidad tendrán para decir que defienden la Constitución y el Estado de derecho si ni siquiera pueden abrir un concurso público?

Durante años se ha creído que los jueces son incuestionables por el sólo hecho de serlos. Esa teoría se olvidaba de que “bajo la toga” hay una persona de carne y hueso y, sobre todo, un funcionario del pueblo, elegido por los representantes del pueblo y que se debe al pueblo (deberse a la Constitución es deberse al pueblo). Su legitimidad no es eterna, deben probarla en cada sentencia, en cada declaración pública, ¡en cada acordada!.

Las garantías a los miembros del Poder Judicial (la independencia, la inamovilidad en el cargo, el salario intangible, etc.) no están para beneficiar a los jueces. Están para beneficio de la sociedad. Las garantías no se hicieron para blindar decisiones injustas, como las recientes designaciones. El derecho no puede ser usado con fines distintos a los que se legisló, menos aún si es en contra de los intereses de la sociedad.

El concurso público para ingresar a cualquier cargo es también en interés de toda la sociedad que se beneficia con el ingreso al Estado de personas preparadas. Todos deseamos personas de excelencia moral e intelectual en el Poder Judicial. El ingreso a dedo sólo beneficia al núcleo minoritario de gente que gira en torno a los mismos apellidos de toda la historia de San Juan.

Y puede ser que los que en cada tanda ingresan ilegítimamente sean profesionales excelentemente bien formados. En la resignación del status quo, tendemos a conformarnos con esa migaja para bobos. Ellos fueron elegidos por su ubicación en un árbol genealógico, no por su capacidad. No compitieron contra otros. Sus antecedentes no se contrastaron contra el de ninguno y con seguridad nunca se hará.

Es por esto que el daño que genera la Corte es incalculable. La elección de quienes tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio y la seguridad de la población no es algo que pueda dejarse al decisionismo arbitrario de unos pocos. La transparencia en los ingresos es vital para la legitimidad del Poder Judicial.

Si los nuevos maestranzas, y con seguridad futuros escribientes, secretarios letrados, ¿jueces?, ingresaron a dedo, esa legitimidad se pierde. Prevalece la familia, el sistema se reproduce y el Poder Judicial continúa siendo un monstruo gigante, lento e ineficaz, que premia a quienes forman parte del linaje y excluye al resto.
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