El rol del Tribunal de Tasaciones en la trama de la megaestafa contra el Estado con las expropiaciones es sólo el disparador del escándalo. Aguas abajo, para que esa estafa que se investiga se concretara hacía falta el concurso de jueces, funcionarios de Fiscalía de Estado, abogados litigantes o funcionarios de tesorería, en una amplia red necesaria para que el plan de inflar esos precios terminara con el cheque en ventanilla.
Como un pulpo de mil tentáculos: la megaestafa, cada vez más grande
La investigación de Tiempo de San Juan sobre los precios inflados en las expropiaciones de Cuesta del Viento suma más protagonistas: el Tribunal de Tasaciones. Mirá cómo funciona la trama de un escándalo que crece. Por Sebastián Saharrea.
Es curioso lo de Tribunal de Tasaciones, porque allí se cometieron –según el informe de Tiempo de San Juan- dos “curiosidades”. Uno, cambios de criterio a la hora de tasar, pasando de un valor tasado y tomado por referencia de $1.633 la hectárea a tasar en más de $700.000 por 9 hectáreas. Dos, la fecha de tasación: que debe ser al día de desposesión del bien, pero que en los últimos expedientes no constaba ese día y por lo tanto tasaban a fecha actual, con el consecuente salto de precios.
En el primero, hay participación de la perito de Fiscalía de Estado. Pero es cierto también que ese criterio no era el que predominaba en las votaciones, por lo tanto, aparecen sospechas sobre el resto de los tasadores. Otra cosa: la desaparición de un elemento tan importante para la tasación como el acta de desposesión (se tasa a esa fecha) no pudo haber pasado sin pena ni gloria. ¿A nadie le llamó la atención? En el Tribunal decidieron incorporar el dato al acta y tasar a fecha actual, es decir a precios más altos. El hecho hubiera merecido averiguar en algún otro lado, o formular la denuncia por una desaparición demasiado extraña. No lo hicieron.
Luego, esa tasación va a Tribunales. Y allí es otra historia: porque para que la maniobra se consumara, debió intervenir algún juez que conociera el acuerdo porque el juez es quien debía sentenciar el pago con esos precios inflados. Hay varios magistrados del fuero civil bajo sospecha, especialmente en dos o tres de ellos donde se obtenían las sentencias más beneficiosas para quienes pretendían precios más altos. ¿Cómo llegaban a que fuera esos jueces quienes se ocuparan de los casos? En el fuero civil, los jueces se deciden por sorteo, pero los litigantes más experimentados consiguen el modo de llegar, dicen en Tribunales.
También hizo falta la intervención de funcionarios de la Fiscalía de Estado. Ese organismo es el encargado de defender al Estado en los juicios que enfrenta, pero en el caso de las expropiaciones surge la sensación de que no lo hacía y que todos sabían lo que ocurría allí adentro y nadie lo decía. Uno de los abogados del organismo, Norberto Baistrocchi, fue cesanteado por las consecuencias de la investigación. Y un fiscal de Estado, Mario Díaz, debió dejar su cargo en medio del crecimiento del escándalo. Los peritos hablaron en sede judicial de “un acuerdo” en las tasaciones, y las defensas en juicio dejaban mucho que desear, incluso dejando plazos vencidos.
Los investigadores entienden que la red de complicidades debió llegar hasta quienes pagaron las sentencias ya abonadas. Se preguntan: ¿a nadie le llamó la atención que se debiera desembolsar sumas de dinero tan altas por estos juicios?
Todo esta compleja trama de funcionarios públicos –ya sean ejecutivos o judiciales- manejados por alguien que movía los hilos desde afuera coordinando la maniobras de acuerdo a las funciones de cada uno. Como titiriteros, pero en los bufetes de abogados.
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