Tras la tensión que desató en San Juan que se le haya concedido a la minera Vicuña la prioridad de uso de la línea de 500 kV, y la audiencia pública que se debió hacer para discutir el tema, está corriendo el plazo de 30 días para que la Nación emita su decisión final sobre la energía en la provincia. Y en esta instancia, las negociaciones entre el gobierno provincial a través del EPRE y Vicuña están a full.
Nadie quiere hablar mucho del tema, pero Tiempo de San Juan conoció algunos detalles. La postura de la minera de Lundin y BHP es que el proyecto eléctrico que propusieron en la provincia se ajusta estrictamente a la ley argentina, por lo cual no tendrían nada que modificar en su plan de inversión energética. Pero están abiertos a escuchar propuestas del gobierno local.
En la vereda de enfrente, el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) intenta encontrar una salida que logre calmar a las otras mineras competidoras -Los Azules a la cabeza, pero también Hualilán, Casposo, Barrick y Gualcamayo- que en la audiencia presentaron fuertes cuestionamientos a la prioridad de uso concedida a Vicuña para poner en marcha su mina de cobra.
El nudo de la discusión
La discusión no pasa por las obras energéticas nuevas que propone construir Vicuña, que son las ET Rodeo, Chaparro, la línea de 500 kV entre ambas y una línea de uso privado entre Chaparro y el proyecto Josemaría. El nudo de la discusión se centra en el tramo de línea eléctrica que une la Estación Transformada Nueva San Juan con la Estación Rodeo, en Iglesia. Esta línea de 500 kV que opera actualmente en solo 132 kV, ya está construida desde hace años y debe ser electrificada en 500 para soportar la demanda minera.
Vicuña propuso poner la plata para lograr ese avance y a cambio pidió y obtuvo del organismo nacional ENREGE la prioridad de uso del 90% de capacidad excedente de esa línea. Mineras como Los Azules opinan que conceder esa porción tan alta sobre una línea que fue construida con aportes de otras mineras y los propios sanjuaninos es un error, y que además en el futuro los obligará a negociar con su competidora para acceder al sistema eléctrico.
Los números en danza
Fuentes calificadas explicaron que la prioridad concedida a Vicuña sobre el tramo ya existente de la línea de 500 kV equivale, en la práctica, a aproximadamente el 71% de la capacidad disponible de la futura línea. Traducido en números, esto representaría alrededor de 568 MW reservados para la compañía. Sin embargo, la demanda prevista para Josemaría en su etapa inicial ronda los 260 MW, mientras que las proyecciones para el año 2035 cuando se incorpore a la producción de cobre el proyecto Filo del Sol alcanzarían unos 400 MW.
Es precisamente esa diferencia entre la energía efectivamente utilizada -400 MW- y la capacidad reservada -568 MW- es la que hoy está en el centro de las negociaciones.
Qué se negocia
Fuentes calificadas informaron que, en esta instancia de negociación, la provincia busca tres objetivos claros:
1-Limitar la reserva al consumo real: Que la empresa solo mantenga derechos de prioridad de uso sobre la potencia que efectivamente va a utilizar, estimada en 260 MW para el inicio de Josemaria y hasta 400 MW para el año 2035.
2- Que ceda el remanente de capacidad de transporte (la diferencia entre su consumo real y el 71% otorgado por Nación) al EPRE en San Juan. Esto permitiría al Estado provincial administrar ese recurso y otorgar derechos de conexión a otros emprendimientos mineros o solares, por ejemplo. La intención es evitar lo que algunas fuentes describen como una "privatización de hecho" de la capacidad de transporte de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de la provincia.
3-Compensación de derechos: Este es el punto más delicado que esta sobre la mesa. Dado que los derechos de prioridad sobre la capacidad de transporte tienen un valor económico porque Vicuña es la que impulsó el proyecto, una de las alternativas analizadas es encontrar mecanismos de compensación por la eventual cesión de esos espacios. Entre las opciones que se mencionan aparece la posibilidad de instrumentar algún esquema asociado a futuras regalías mineras, aunque por el momento no existen definiciones oficiales. Pero, además, hay quienes creen que la compañía minera -pese a todo- también debería realizar aportes económicos vinculados al uso de la infraestructura preexistente, que fue financiada originalmente por el Fondo PIEDE de los sanjuaninos, más fondos nacionales y provinciales.
Las fuentes calificadas indican que la intención es que esos aportes se usen para futura infraestructura eléctrica y apuntan a que será necesario “cerrar el anillo” eléctrico dándole a la provincia una segunda vía de abastecimiento de energía y mayor estabilidad al sistema, con la unión de la ET Chaparro en San Juan con la línea de 500 kV en La Rioja.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El plazo abierto tras la audiencia vence a comienzos de julio y de su resultado dependerá no sólo el abastecimiento energético de Josemaría, sino también las condiciones de acceso para buena parte de los proyectos que integran la próxima ola de inversiones mineras en San Juan.