La Mesa Directiva de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) comenzó a delinear una estrategia de acercamiento político con el Gobierno nacional luego del espaldarazo que significó el reciente fallo de la Justicia Federal de Mendoza. Para la conducción de la entidad, la medida cautelar no representa el cierre de un conflicto, sino la oportunidad de abrir un canal de negociación institucional desde una posición de equilibrio.
El sector empresarial y las distintas cámaras nucleadas en la COVIAR buscan sentarse a dialogar sobre el futuro de la organización, pero llevando como premisa innegociable la defensa del sistema de financiamiento público-privado que sostiene sus planes de promoción.
El vicepresidente de la COVIAR, Martín Materia, analizó el escenario que abre esta tregua judicial y remarcó la importancia de utilizar este tiempo para renegociar las pautas de trabajo con la Secretaría de Agricultura de la Nación y con los gobiernos provinciales.
La letra del fallo
El margen de maniobra con el que la COVIAR busca abrir el diálogo se apoya firmemente en los alcances de la sentencia dictada el 11 de junio de 2026 por el 2º Juzgado Federal de Mendoza.
En los autos caratulados “CORPORACION VITIVINICOLA ARGENTINA C/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION -SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA DE LA NACION S/AMPARO LEY 16.986” (Expediente FMZ 020632/2026), el Tribunal ordenó al Estado Nacional suspender de forma inmediata la aplicación de la Resolución SAGyP N° 55/2026 mientras se sustancia el amparo de fondo.
Esta decisión de la Justicia restablece el control operativo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a favor de la entidad a través de dos directivas clave de cumplimiento inmediato. Por un lado, el INV está obligado a seguir brindando a la COVIAR los datos detallados sobre los hechos imponibles de las contribuciones obligatorias fijadas por el Artículo 10 de la Ley 25.849.
Además, el tribunal ordenó que el INV mantenga activo el Artículo 13 de la misma norma, lo que implica la continuidad del procedimiento de paralización de trámites ante el organismo para aquellos efectores que registren deudas con la COVIAR, rigiendo tanto para las obligaciones devengadas antes del 5 de mayo de 2026 como para las posteriores.
A raíz de esto, desde la corporación destacaron que el régimen tradicional de aportes y las penalizaciones por mora se encuentran plenamente vigentes bajo el paraguas de la protección cautelar.
El argumento legal para negociar
Para la conducción de la COVIAR, el freno judicial demuestra que el intento de desfinanciamiento por parte del Gobierno central carecía de sustento normativo adecuado. Materia explicó que el análisis técnico del organismo siempre se basó en defender la institucionalidad frente a decisiones administrativas que consideraron "intempestivas y sorpresivas".
"Los argumentos presentados en la cautelar son sólidos. Se pide que no se puede anular lo dispuesto por una ley del Congreso, como es la ley que da origen a la COVIAR y que dispone la existencia de contribuciones solidarias, mediante una simple resolución de una secretaría", argumentó el directivo.
Es justamente este respaldo parlamentario el que las cámaras pretenden hacer valer en las futuras reuniones con los funcionarios de la Nación, planteando que cualquier reforma profunda sobre el funcionamiento de la institución debe surgir del consenso y no de resoluciones unilaterales.
Uno de los puntos centrales que la COVIAR mantendrá firmes en cualquier mesa de negociación tiene que ver con la obligatoriedad del esquema de recaudación. Al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia un modelo donde los efectores paguen de forma opcional o voluntaria, Materia fue categórico al descartar esa alternativa.
El vicepresidente sostuvo que es sumamente complejo pensar en la subsistencia de una institución de este tipo, o de cualquiera de las cámaras que la componen, sin el respaldo de un fondo obligatorio. Explicó que, si bien en la teoría se puede proyectar el funcionamiento de una mesa de debate que no requiera presupuesto, la COVIAR, bajo la estructura, los contratos y los fines con los que fue creada, deja de ser sustentable si los aportes pasan a ser optativos.
La urgencia de frenar la resolución nacional radicaba en que la quita de fondos congelaba de inmediato la capacidad de la entidad para honrar contratos preexistentes y compromisos financieros asumidos con anterioridad. Con la cautelar vigente -que otorga un marco de estabilidad operativa mientras se tramita el juicio-, los esfuerzos se centrarán en la gestión política.
Materia concluyó señalando que se encuentran trabajando activamente en una agenda de reuniones conjuntas y en un proceso interno con ánimo de "repensar la COVIAR", mostrando una clara voluntad para evaluar cambios en la metodología de trabajo o modernizar estructuras, pero siempre bajo la premisa de resguardar el financiamiento obligatorio que sostiene a la institución en el corto y mediano plazo.