Un nuevo escándalo institucional vuelve a poner el tema del alcohol al volante bajo la lupa. En esta oportunidad, el protagonista fue Diego Silvestre, quien se vio obligado a presentar su renuncia luego de ser descubierto en total estado de ebriedad manejando en San Rafael.
La situación se agravó al constatarse que el ahora exfuncionario, carecía de toda la documentación obligatoria, es decir, sin licencia de conducir, sin la cédula de identificación del vehículo y sin el seguro obligatorio para circular.
Según se supo, el hecho se produjo el pasado domingo durante un control policial de rutina en el sur mendocino. Al realizarle el test de alcoholemia, el dispositivo arrojó que Silvestre circulaba con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que cuadriplica el límite máximo permitido para conductores particulares en Mendoza.
Debido a la gravedad de las infracciones y al peligro generado para terceros, Silvestre permaneció detenido durante 48 horas.
La salida del funcionario genera un fuerte cimbronazo político debido a la relevancia de las funciones que desempeñaba. Silvestre venía de desempeñarse como coordinador del Equipo de Técnicos Profesionales (ETI) de San Rafael y hacía apenas seis días había sido designado formalmente como titular del Consejo de Minería de la provincia, un área clave para los planes estratégicos de la gestión gubernamental mendocina.
La política y el alcohol: graves antecedentes
El caso de Diego Silvestre no es un hecho aislado, sino que se suma a una alarmante lista de episodios similares protagonizados por funcionarios y legisladores municipales en la provincia durante los últimos meses.
La reiteración de estas conductas viales reavivó el debate social sobre la ejemplaridad de las autoridades públicas al volante.
Durante la edición 2025 de la Fiesta de la Ganadería, el concejal de Guaymallén Miqueas Burgoa fue sometido a un test de alcoholemia cuando se disponía a volver al Gran Mendoza.
El control del edil no solo arrojó un resultado de 1,2 gramos de alcohol en sangre, sino que las actas policiales dejaron constancia de un grave atropello institucional. Según los reportes, Burgoa intentó "chapear" con su cargo ante los efectivos y amenazó con llamar al intendente para frenar el operativo de tránsito.
Por su parte, Jorge Teves, quien se desempeñaba como funcionario y director de Legal y Técnica de la Municipalidad de Godoy Cruz también se vio envuelto en una situación similar. Teves fue detectado manejando alcoholizado en un control vial, un hecho que, por la naturaleza de su cargo técnico y legal dentro del municipio, aceleró su apartamiento de la función pública ante el fuerte cuestionamiento de la oposición y la ciudadanía.
En tanto, el concejal sanrafaelino Martín Antolín sumó otro capítulo a la saga de ediles sancionados. Antolín fue retenido en un operativo de tránsito donde el test confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol en un auto de lujo por plena avenida Arístides Villanueva.
