Un incremento inmediato de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas es el escenario crítico que asoma para los hogares mendocinos de cara a los meses más duros del invierno. La alarmante proyección unificó un reclamo transversal de todo el arco opositor mendocino, que decidió dejar de lado las diferencias partidarias tradicionales para conformar un frente común de resistencia
Advirtiendo que la eliminación del beneficio representa un golpe devastador no solo para la economía familiar sino para todo el entramado comercial y productivo local, los representantes parlamentarios anunciaron que la batalla para sostener el beneficio se trasladará de forma inmediata a los tribunales mendocinos.
La ofensiva política y legal quedó plasmada tras una acción conjunta que congregó a legisladores del interbloque Encuentro Mendocino (compuesto por el PJ y La Unión Mendocina), diputados del Partido Justicialista y representantes del Frente Verde (Partido Verde y Libres del Sur). En una muestra de sintonía institucional, las diferentes fuerzas políticas de la oposición coincidieron en que la defensa del régimen de Zona Fría trasciende cualquier bandera electoral y constituye una causa provincial de estricta supervivencia económica ante las reformas tarifarias impulsadas por la Casa Rosada.
Tarifazos en puerta y el drama oculto de las garrafas
Las proyecciones sobre el impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales fueron puestas en cifras por la senadora provincial Adriana Cano, quien graficó el efecto dominó que la medida tendrá en la actividad económica general de la provincia. “Estamos hablando de una medida que afecta directamente el bolsillo de cada familia mendocina, pero también la economía de toda la provincia. Cuando una familia tiene que destinar más recursos al pago de servicios, inevitablemente deja de consumir en otros sectores y eso termina impactando en el comercio, la producción y el empleo”, analizó.
Cano fue tajante al desmitificar la naturaleza del subsidio:
“La Zona Fría no es un privilegio, sino el reconocimiento de una realidad climática y social de Mendoza. Nuestra provincia registra uno de los mayores niveles de consumo residencial durante el invierno. Este beneficio responde a una necesidad concreta y no existe ninguna razón que justifique su eliminación”.
Por su parte, el senador Dugar Chappel introdujo en el debate una advertencia alarmante para los sectores socioeconómicos más vulnerables de la provincia. Según explicó el legislador, las consecuencias de la derogación de la ley nacional no se limitarán exclusivamente a aquellos vecinos conectados a la red de gas natural domiciliario. La quita de estos fondos de compensación derramará con dureza sobre los subsidios vinculados al gas envasado, lo que generará aumentos significativos en los valores de las garrafas, desprotegiendo a miles de familias que no tienen acceso a la infraestructura básica y que dependen de este insumo para cocinar y calefaccionarse en las zonas periféricas y rurales de Mendoza.
Coherencia política y críticas al "silencio ensordecedor" de Cornejo
El debate también apuntó a la responsabilidad política de los representantes mendocinos en el Congreso de la Nación y a la postura adoptada por la gobernación local. El senador Ariel Pringles reclamó consistencia y memoria a los legisladores nacionales que hoy avalan o muestran tibieza frente al avance del proyecto de quita de subsidios.
“Lo que uno escribe con la mano no se borra con el codo. Muchos de quienes hoy avalan este proyecto fueron parte de la construcción de este beneficio. Si acompañan esta medida estarán atentando contra el bolsillo de miles de mendocinos y también contra la credibilidad de la política”, fustigó Pringles, alertando además sobre el peligro de que el tema pierda centimetraje en la agenda de los medios y se apruebe sorpresivamente "entre gallos y medianoche", dejando a la población ante facturas impagables.
La inacción del Poder Ejecutivo provincial fue otro de los ejes centrales del reclamo opositor. Las críticas apuntaron directo hacia el despacho del gobernador Alfredo Cornejo por priorizar, según denunciaron, sus alineamientos políticos con el gobierno federal por sobre los intereses de su propia provincia. “El silencio del gobernador es ensordecedor. Esperamos que deje de mirar los acuerdos político-electorales nacionales y empiece a defender los intereses de los mendocinos”, disparó Cano.
La estrategia legal: cautelares y amparos colectivos
Frente al avance de la normativa en el plano federal, el bloque multipartidario aclaró que la estrategia de resistencia no se agotará en la presentación de meros proyectos de resolución o declaraciones de rechazo en la Legislatura provincial. La decisión política es bloquear el tarifazo por la vía judicial.
Para ello, los equipos técnicos de los distintos partidos ya se encuentran abocados al diseño de herramientas procesales de alcance masivo. Según anticiparon, una vez que el proyecto se convierta en ley, se recurrirá a los tribunales con la presentación de medidas cautelares de no innovar y amparos colectivos en representación de los usuarios mendocinos. El objetivo es congelar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios hasta tanto la Justicia resuelva el reclamo de fondo.
“Lo que está en juego no es solamente una tarifa. Estamos discutiendo el derecho de miles de familias a poder calefaccionar sus hogares durante el invierno y la obligación de quienes representan a Mendoza de defender a la provincia por encima de cualquier especulación política”, concluyeron los legisladores, sellando un compromiso de judicialización que promete convertirse en el principal eje de conflicto político y social de la temporada.