Por Andrea Pellicer, corresponsal Mendoza
El Gobierno de Mendoza formalizó este jueves en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley Nº 9691 que establece la reconversión definitiva del predio donde funcionaba el ex Autódromo General San Martín, un sector de la capital provincial que arrastraba décadas de inactividad y un abandono total de su infraestructura.
La nueva legislación establece que una superficie mayor a 117 hectáreas ubicadas al oeste de la Ciudad de Mendoza, en el límite inmediato con el Parque General San Martín, queden reservadas de forma exclusiva para la planificación y ejecución de proyectos orientados a la práctica de actividades deportivas, recreativas y de integración social.
La sanción de esta ley introduce un cambio estructural en materia regulatoria y catastral para el Gran Mendoza. Estas herramientas legales, vigentes desde mediados del siglo pasado, constituían un marco jurídico mediante el cual el Estado provincial había cedido originalmente la posesión y administración de esas tierras al Automóvil Club Mendoza.
Con la eliminación de dichos regímenes especiales, el Ejecutivo mendocino reasume la potestad plena sobre el inmueble para iniciar un proceso de reordenamiento de la periferia capitalina, articulando intervenciones que buscan frenar el deterioro social, económico y ambiental de la zona.
El histórico autódromo en ruinas
El autódromo General San Martín se inauguró el 31 de marzo de 1974 y funcionó bajo un esquema de concesión privada durante treinta años. A lo largo de ese ciclo, la pista albergó más de cincuenta competencias del automovilismo nacional, pero el quiebre operativo se registró hacia finales de la década de 1990.
La última visita de una categoría de elite, el TC 2000, tuvo lugar en 1997. Desde entonces, las transformaciones tecnológicas de los vehículos de competición y el endurecimiento de las normativas internacionales de seguridad vial exigían inversiones estructurales que resultaban inviables para los cánones económicos locales.
Motivos de la reconversión
Uno de los argumentos planteados en la legislación para la reconversión fue el crecimiento demográfico de la Ciudad de Mendoza.
El circuito, planificado originalmente en una zona aislada, quedó progresivamente rodeado por nuevos asentamientos habitacionales y complejos residenciales.
Por este motivo es que el proyecto señaló que la continuidad de competencias de alta velocidad en ese entorno era incompatible con las regulaciones de salubridad pública, el control del impacto acústico y el cumplimiento de las normativas ambientales de la provincia.
Además, frente al cese de actividades, el complejo sufrió un marcado deterioro material, transformándose en un predio que daba lugar a situaciones de conflictividad o inseguridad vecinal.
Plan de acción para el nuevo plan
La estrategia del Gobierno para reactivar las 117 hectáreas se estructurará mediante un esquema público y privado, delegando la adjudicación de las parcelas en la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado que estará facultado para otorgar concesiones a instituciones deportivas.
Los plazos mínimos de concesión serán de diez años y los máximos se extenderán hasta los treinta años, contemplando la posibilidad de otorgar una prórroga extraordinaria de hasta diez años adicionales, siempre supeditada a la envergadura del programa de inversiones y al plan de trabajos que presenten los interesados.
Para evitar la especulación inmobiliaria o el desvío de los fines comunitarios, la ley determina que cualquier incumplimiento total o parcial de los cargos estipulados provocará la revocación automática del contrato y la restitución inmediata de la posesión.
Las entidades también tendrán la obligación legal de solventar los gastos de mantenimiento, el pago de tasas municipales, los gravámenes correspondientes y la contratación del personal destinado a la conservación de las áreas verdes y jardines.
Un punto central de la legislación determina que, una vez finalizado el periodo de concesión, ya sea por el vencimiento natural del plazo o por una caducidad declarada ante incumplimientos, todas las obras de infraestructura, mejoras fijas y edificaciones quedarán incorporadas al patrimonio del Estado de forma definitiva y sin derecho a ningún tipo de compensación económica para las instituciones privadas.