Las repercusiones de la crisis diplomática desatada entre el Gobierno de Mendoza y la Embajada de Francia llegaron a la Legislatura provincial. El bloque del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados, encabezado por Germán Gómez, presentó un exhaustivo proyecto de declaración para expresar la "preocupación institucional" por el impacto reputacional que sufren los lazos internacionales de la provincia tras las declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado durante el Mundial 2026.
El conflicto escaló luego de que la funcionaria publicara en su cuenta de la red social X un mensaje calificando a la selección de fútbol de Francia como un "equipo africano flojo de modales", tras su victoria frente a Paraguay en los octavos de final del certamen.
La respuesta de la delegación diplomática gala fue drástica: declaró a Casado "persona no grata", una medida protocolar que veta la participación de representantes franceses en cualquier actividad o encuentro institucional donde la mandataria se encuentre presente.
Al fundamentar la sanción, el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, fue categórico al calificar los dichos de la vicegobernadora como "claramente racistas" y recordó que "el racismo no es una opinión, es un delito", dejando en claro que no hay espacio para ese tipo de expresiones en los acuerdos bilaterales.
Aunque Hebe Casado intentó bajarle el tono al episodio enmarcando sus palabras como simple "folklore futbolero" y negando una matriz discriminatoria, el arco opositor consideró indispensable un pronunciamiento del cuerpo legislativo debido a las consecuencias prácticas del diferendo.
El texto de la iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de los legisladores Gabriela Lizana, Juana Aixa Moreno, Matías Montes, Gustavo Villafañe, Verónica Valverde y Julio César Perret, advierte que la sanción protocolar pone en riesgo directo vínculos económicos y culturales históricos.
Entre ellos se destacan los convenios de cooperación técnica y comercial en materia vitivinícola, los programas de intercambio académico universitario y las corrientes de inversión extranjera de origen francés consolidadas en el territorio mendocino.
La presentación judicial y legislativa recalca que el propio Ejecutivo provincial reconoció la gravedad de la situación al enviar al subsecretario de Relaciones Institucionales a entregar una respuesta formal ante la Embajada en Buenos Aires.
Por este motivo, el peronismo argumenta que la Cámara Baja no puede mantenerse al margen y debe exigir un estándar de responsabilidad discursiva acorde a la investidura pública, en sintonía con la Ley Nacional Antidiscriminación 23.592 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El articulado del proyecto insta finalmente a exhortar a todos los funcionarios públicos mendocinos que ejercen la representación del Estado ante organismos internacionales y delegaciones extranjeras a actuar con la prudencia que demandan sus cargos, con el objetivo de blindar las relaciones estratégicas y el posicionamiento de Mendoza en el plano global.